De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, en el País Vasco se producen cada año en torno a 1.300.000 toneladas de residuos de construcción y demolición y la aplicación del decreto será susceptible de producir un ahorro aproximado de más de 1,7 millones de euros al año, gracias a la desaparición de la gestión incontrolada del 40% de estos residuos, el incremento de la clasificación en origen para su ulterior reutilización y reciclado, y la reducción de su depósito en vertedero.

En la actualidad se calcula que 460.000 toneladas de residuos de construcción y demolición acaban depositadas cada año en escombreras y vertederos ilegales. El coste de las operaciones de remediación asciende aproximadamente a 6,9 millones de euros al año, asumido principalmente por las administraciones públicas vascas ante las dificultades de localizar al causante directo de los vertidos ilegales. Con la entrada en vigor del proyecto de Decreto se aspira a que se produzca una erradicación progresiva del abandono incontrolado de RCDS, lo que conllevará un ahorro significativo asociado a la restauración y a su vez contribuirá a que desaparezcan los negativos efectos paisajísticos y medioambientales.

Otra de las situaciones que contribuye al ahorro económico es el menor coste que tiene tratar los RCDS en planta de valorización frente a su vertido en vertedero. Además, el aumento de los RCDS valorizados conllevaría un incremento de los ingresos derivados de la venta de árido reciclado que puede ser empleado para diversos usos constructivos.

Tras la entrada en vigor de la norma se clasificarán en obra el 60% de los residuos de construcción y demolición generados, frente al 20% que se clasifica actualmente. De esta fracción el 5%, correspondiente a la madera y al metal, se venderá en obra; del resto, el 80% se enviará a una planta de valorización (fija o móvil), valorizándose efectivamente el 90% de los residuos. Conforme a estas estimaciones, sólo el 20% de los RCDS clasificados en obra serán eliminados mediante deposición en vertedero, junto a la fracción rechazada de la planta de valorización.

Respecto a los RCDS no clasificados en obra, que son el 40% del total, se clasificarán y enviarán a planta un 70% para su valorización de la que resultará efectiva una fracción del 90% y el 10% restante se llevará a vertedero junto con el 30% de los no clasificados directamente en obra.

A partir de la publicación del Decreto, las empresas productoras tendrán la obligación de constituir fianza o garantía financiera que asegure la adecuada gestión de mismos lo que representará al menos el 120% del presupuesto del estudio de gestión de los residuos. Esta fianza se recuperará tras acreditar la finalización y su correcta gestión. Estarán exentos de prestar dicha fianza aquellos productores que estén inscritos en el Registro de organizaciones adheridas al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, EMAS.

Leturiondo ha subrayado que la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición no sólo alargan la vida de los actuales vertederos, sino que abre la posibilidad de impulsar nuevas actividades ligadas al tratamiento de residuos, lo que contribuirá a generar empleo verde. También ha abogado por introducir criterios de discriminación positiva en la contratación pública para fomentar la reutilización de materiales.

En el proceso de definición del decreto han participado agentes tanto institucionales como empresas, organizaciones sectoriales, etc... vinculados al sector de la construcción, a fin de recoger y considerar sus sensibilidades, conocimiento y opiniones. Un ejemplo de ello es que en fase de la maduración final del marco legislativo y la puesta en marcha han intervenido gestores de RCDs, el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, EUDEL, una selección de ayuntamientos y empresas de referencia, así como centros tecnológicos