El consejero de Presidencia considera que el Ejecutivo del PP “debería buscar complicidades si pretende racionalizar las administraciones, pero las amenazas del ministro Montoro no van por ese camino”

Asturias.-El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha insistido hoy en que el Gobierno de Asturias no aceptará imposiciones ni injerencias en su capacidad de organización en relación con el proyecto de reforma de las administraciones públicas que impulsa el Ejecutivo central, si se trata de imponer una nueva vuelta de tuerca a las comunidades autónomas en el marco de la política recentralizadora de Mariano Rajoy.  

Al mismo tiempo, ha defendido el compromiso del Gobierno autonómico con una amplia reforma que implique la eliminación de duplicidades en los servicios prestados por las administraciones públicas, así como un ahorro de costes reales y no únicamente la reducción de empleos. También ha precisado que  Asturias ha demostrado "con hechos y cifras certificadas oficialmente su compromiso con los objetivos del déficit, a la vez que ha sido capaz de iniciar una reforma administrativa preservando la calidad de sus servicios públicos y sin recortes traumáticos”.

El titular de Presidencia ha apuntado que “Asturias no es alérgica a eliminar duplicidades institucionales, sean autonómicas o estatales, si el objetivo es mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, ahorrar costes y profundizar en los principios de proximidad a los ciudadanos y más democracia”. No obstante, ha agregado que “el Gobierno de Rajoy  debe tener en cuenta la capacidad de las comunidades autónomas para reorganizar su autogobierno sin injerencias”. El consejero ha señalado que si el Ejecutivo central persigue un amplio acuerdo para desarrollar una racionalización de las administraciones públicas  “debería  buscar complicidades, pero las amenazas realizadas por Montoro parece que van en el camino contrario al acuerdo”. 

Defensa de la autonomía del Principado en los tribunales

En el último año, el Principado ha defendido su autonomía frente a lo que considera una invasión de competencias por parte del Gobierno central y ha presentado tres recursos de inconstitucionalidad por varias de sus decisiones. En julio de 2012, llevó ante el Tribunal Constitucional dos decretos ley del Ejecutivo de Rajoy por invasión de competencias autonómicas en materia de sanidad y educación. En marzo se formuló otro recurso contra el artículo 19 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, en el que el Gobierno de España establece un falso impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito, con el que pretende invalidar el tributo a la banca aprobado por el Parlamento asturiano y que reportaría unos 30 millones de euros anuales para financiar los servicios públicos.

El Ejecutivo autonómico también ha tenido que acudir en dos ocasiones a la jurisdicción contencioso-administrativa para que el Gobierno central atienda sus obligaciones con proyectos financiados por los fondos mineros, con una cuantía global de más de 268 millones de euros.

“La decisión de Asturias de buscar amparo en tribunales se sustenta en la creencia de que las comunidades autónomas son parte esencial del Estado y, por tanto, velar por las competencias de cada una de las administraciones es un ejemplo de respeto a la Constitución Española”, ha subrayado el consejero de Presidencia.

Reforma de la Administración asturiana

El Principado no comparte las fórmulas para alcanzar los objetivos de déficit que aplica el PP desde la Administración central y en las comunidades autónomas donde gobierna. “En Asturias hemos demostrado, con la preservación de la sanidad y la educación pública y con el mantenimiento de la asistencia social a los ciudadanos más desfavorecidos, que es posible otra política frente a la crisis”, ha señalado Guillermo Martínez. Además, ha añadido que esto se ha llevado a cabo “sin renunciar al compromiso con el equilibrio financiero fijado para 2012”.

El Gobierno autonómico ya ha puesto en marcha una estrategia para racionalizar su sector público. El pasado mes de marzo se aprobó la primera de las tres leyes que materializan esta reforma, un proceso que se completará a lo largo de este año y que persigue dos objetivos: reforzar la eficacia de los servicios públicos y hacerlo al menor coste posible, sin sacrificar la calidad de las prestaciones.

El primer paquete de medidas incluyó la supresión del Instituto Asturiano de Estadística, la venta de acciones de la empresa pública Sedes y la salida a concurso de la gestión indirecta de Hoasa, así como la liquidación de las sociedades Desarrollo Integral de Taramundi (Ditasa), Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GITPA), el cambio de la finalidad de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (Serpa), las fusiones de la Sociedad Regional de Turismo y Recrea y la de Bomberos y el 112 Asturias en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Una reducción que tendrá continuidad con dos nuevas iniciativas legislativas. La primera definirá el nuevo modelo del Ente Público de Comunicación del Principado, con la unificación en una sola de sus tres sociedades mercantiles (TPA, RPA y Productora de Programas), entre otras medidas. El segundo proyecto legislativo regulará los diversos entes y organismos y establecerá, entre otras prioridades, la reducción de cargos directivos, los límites de su régimen retributivo y el número de miembros de los consejos de administración.