El coordidador de IU, Manuel González Orviz, presidió esta mañana la mesa de la Conferencia Europa, en la que los máximos responsables de Izquierda Unida, abordaron las políticas económicas que se están abordando en la Unión, y que, lejos de afrontar la crisis la agravan, aprovechándose como coartada para una involución en derechos, libertades y prestaciones. Esta conferencia, en la que el coordinador general de IU, Cayo Lara, hizo un llamamiento a plantar cara a las políticas de derechas, se desarrolla en Madrid y en ella se está desenmascarando las decisiones de la Troika y del Gobierno de España, que protegen a los que generaron la crisis, al tiempo que dejan a la mayoría de la población desprotegida.
La Conferencia Europa se inscribe dentro de la Campaña de IU "Hay alterantiva", en la que se propone una revisión total de las políticas españolas y europeas para reactivar la economía, con acciones orientadas al empleo, la empleabilidad, sin descuidar la medidas de protección para aquellas personas que están sin trabajo y que, en estos momentos, no tienen ningún tipo de prestación.
El plan de empleo de IU supondría, solo en España, una inyección de 100.000 millones de euros de aquí al final de la legislatura, 60.000 para inversiones, formación y actividades productivas y otros 40.000 en forma de créditos para emprendedores y pequeñas y medianas empresas. El cierre del "grifo" de la financiación puede atajarse, ya que en estos momentos, el 30% del sector bancario español es público, tras la nacionalización por su nefasta gestión de entidades como Bankia.
Manuel González Orviz aseguró que las cifras son realistas. "Hay dinero. No se puede decir que existen fondos para rescatar la banca y al mismo tiempo decir lo contrario dejando en la calle, en la desesperación, a la gente".
Para IU es imprescindible, junto a una nueva política económica, una reforma de la fiscalidad que acabe con contrasentidos como que los más ricos prácticamente no tributen si usan mecanismo como las SICAV, que privilegia con un tipo impositivo de solo el 1%, en un sistema que beneficia a las rentas del capital al tiempo que penaliza a las del trabajo. Además, se propone intensificar los controles para evitar la economía sumergida, que supone un 25% del producto interior bruto y la lucha contra el fraude fiscal, que supone, cada uño, unos 80.000 millones de euros de pérdidas para las arcas públicas.
