La sentencia de la UE ha supuesto un punto y aparte, pero no ha conseguido frenar todos los desahucios. ¿Qué más hay que hacer para detener esta tragedia?

Está claro que la sentencia es sólo un toque de atención sobre las deficiencias de nuestro sistema. Las medidas adecuadas deben ser legislativas y, además, integrales. Hasta ahora todo lo legislado, incluida la reforma de 15 de mayo (la nueva Ley Hipotecaria), no deja de ser un parche. Probablemente la fórmula más eficaz sería la de que se permitiera reestructurar la deuda a los consumidores en la línea que apunta el Banco Central Europeo en su informe de 22 de mayo. En él denuncia que las reformas son insuficientes para solucionar este drama social. La restructuración de las deudas de los consumidores pasa por permitir la segunda oportunidad y el perdón de parte de la deuda.

La nueva Ley Hipotecaria ignora esas medidas. ¿Cree que también da la espalda a la iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por un millón y medio de personas?

Desde luego. Los principios y la filosofía de la iniciativa legislativa popular han sido traicionados en la reforma de mayo de 2013. Lo que finalmente se ha legislado es una burla a quienes apoyaron la ILP. La dación en pago tenía unos presupuestos sencillos: entregando el piso se cancelaba toda la deuda. El proyecto del Gobierno no permite esa cancelación de la deuda y obliga al deudor a mantener pagos importantes durante varios años.

¿La dación en pago y el alquiler social podrían tener cabida en la legislación española?

La dación en pago ya se reconoció en 2003 a las empresas y ha funcionado en procesos de insolvencia. No se ha demostrado que la dación en pago ponga en mayor riesgo a nuestro sistema financiero. De hecho, en los juzgados mercantiles se aprueban cientos de daciones en pago de promotoras a bancos con rebajas muy sustanciosas.

¿Cree que han primado los intereses de los bancos frente al interés general?

Lo que creo es que no han sido conscientes de la dimensión personal y social del problema, lo han minimizado y han antepuesto a los intereses de la gente unos pretendidos riesgos financieros que no han probado. El Gobierno utiliza distintas varas de medir en función de que los intereses sean de las empresas o de los consumidores: para las empresas las respuestas son inmediatas, mientras que para el consumidor cualquier solución se demora durante meses. La reforma de mayo de 2013 hubiera tenido sentido y efecto si se hubiera hecho en 2009, no ahora.

¿Qué parte de responsabilidad tienen las entidades financieras en esta tragedia colectiva?

No todas las entidades han actuado del mismo modo y no es bueno hacer generalizaciones, aunque día a día comprobamos los abusos cometidos en muchos préstamos, tanto en la valoración de los pisos como en la fijación de las cláusulas. Pero creo que obsesionarse con revisar el pasado no ayuda a los miles de afectados. Lo importante son los compromisos de futuro. En el endeudamiento hay una corresponsabilidad de todos los operadores pero quien ha fracasado ha sido el Gobierno, que no ha sabido o no ha querido controlar los abusos y desmanes, tanto de quienes ofrecían créditos que parecían baratos, como de quienes se endeudaban sin disponer de recursos para hacer frente a sus obligaciones.

¿Se engañó a conciencia a los hipotecados al firmar ciertas cláusulas?

Hay prácticas abusivas en muchos préstamos, de ahí que el propio Gobierno haya implantado un código de buenas prácticas financieras. Al margen de responsabilidades, lo cierto es que las leyes deberían eliminar todas las cláusulas abusivas sin obligar a los consumidores a tener que litigar para defender sus derechos. La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 en la que se declaran abusivas las cláusulas suelo de algunas entidades se advierte de que, bajo la apariencia de una información suficiente, se ha producido un espejismo.