La consejera defiende en Bruselas que la flota cumple los requisitos de sostenibilidad ambiental, económica y social que exige la Política Pesquera Común (PPC)

Bruselas.-La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado, María Jesús Álvarez, ha solicitado hoy a la Comisión Europea un tratamiento diferenciado para la flota costera artesanal, con medidas específicas que se recojan en la nueva Política Pesquera Común (PPC). Álvarez ha trasladado esta petición al equipo de la comisaria europea de Pesca, María Damanakis, con quien se reunió hoy, acompañada por el director general de Pesca Marítima del Principado, Alberto Vizcaíno, y el presidente de la Federación de Cofradías de Pesca de Asturias, Dimas Suárez.

La consejera ha llevado hasta Bruselas, donde se negocia la Política Pesquera Común, las preocupaciones del sector. “Si los objetivos de la PPC son de sostenibilidad ambiental, pero también económica y social, la flota artesanal asturiana cumple totalmente ese modelo”, ha asegurado. A su juicio, desde la Comisión Europea  deben tenerse en cuenta esos aspectos para evitar que en los reglamentos de aplicación “se puedan imponer exigencias que, al final, hagan inviable a la Política Pesquera Común”.

La consejera de Agroganadería también ha mostrado su preocupación ante una posible disminución de la actividad que arrastraría la de otros sectores relacionados con la comercialización, conserva y transformación de los productos de la pesca. De producirse ese recorte, los puertos asturianos estarían en una situación muy difícil, ya que no alcanzarían el umbral mínimo de rentabilidad ni se garantizaría el provecho de inversiones cuantiosas realizadas en la última década en sus equipamientos. “No se puede consentir que la flota se reduzca hasta umbrales tan bajos que hagan imposible la viabilidad de la propia flota y de todos los sectores asociados –ha advertido--. Esto daría al traste con ese punto de vista que defiende una pesca de sostenibilidad”

María Jesús Álvarez ha enumerado las cuestiones consideradas por el Gobierno asturiano como clave en la defensa de la pesca artesanal, tales como su contribución al empleo de las villas costeras, el abastecimiento de los mercados locales o la sostenibilidad medioambiental, y ha hecho hincapié en que las  consecuencias de la pérdida de actividad superan a las estrictamente pesqueras, dado que influyen directamente en el progreso de las localidades donde se desarrolla, con gran parte de su población ocupada en la pesca, pero también en sectores ligados a ella como la hostelería o el turismo. Motivos que justifican un enfoque más amplio que el exclusivamente pesquero a la hora de reordenar el sector.

La consejera ha rechazado la generalización de las  Cuotas Individuales Transferibles (ITQs), los conocidos como derechos de pesca transferibles y sus efectos en la flota pesquera de bajura. Desde el Principado se defiende que ése no es un modelo de gestión aplicable, tanto por el riesgo de concentración en pocas manos de los derechos de pesca como por el peligro de desaparición del peso de la actividad pesquera en muchas poblaciones que hoy dependen de la pesca.

El equipo de la comisaria europea de Pesca, por su parte,  ha admitido que no se conocen con precisión el impacto de las decisiones europeas en el ámbito local. No obstante, ha compartido la visión realizada desde el Principado e informado de algunas de las medidas que contempla el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que dará valor añadido a los productos y tendrá en cuenta la diversificación de la actividad y el mantenimiento del empleo, medidas que la consejera ha valorado positivamente.

Ambas delegaciones han acordado mantener un contacto permanente para que el Gobierno del Principado pueda opinar sobre las decisiones que se adopten con el fin de lograr un contacto fluido y permanente.