El consejero de Presidencia defiende en la Conferencia Sectorial de Igualdad las políticas del Principado para preservar los recursos y ampliar los derechos de las personas maltratadas por sus cónyuges y parejas
Guillermo Martínez denuncia que la estrategia del Ejecutivo de Rajoy representa una contrarreforma en las políticas de igualdad, al buscar la sustitución de profesionales por voluntarios en la asistencia y un ajuste presupuestario, que este año asciende ya al 25% en nuestra comunidad
Madrid.-El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha abogado hoy por la consolidación de los recursos presupuestarios y las políticas de apoyo y protección a las víctimas de la violencia de género ante el proyecto de estrategia nacional presentado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a los representantes de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
El Gobierno de Asturias ha sido pionero en el desarrollo de las políticas activas en defensa de la igualdad y la ampliación de los derechos sociales, principalmente aquellas destinadas a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables. Entre estos destacan las víctimas de la violencia de género y sus hijos. Por eso se ha mostrado favorable a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo central, pese a que se ha esquinado la opinión de las comunidades autónomas, a las que no se ha convocado a ninguna reunión preparatoria de la Estrategia Nacional de Igualdad. A la ausencia de participación sobre los contenidos, se suma la falta de información sobre el necesario respaldo presupuestario de la iniciativa y de los plazos para su ejecución.
A la falta de rigor institucional por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la elaboración de la Estrategia Nacional, con un primer anuncio público de 250 medidas, que ahora se reducen a 241, se añaden algunas iniciativas que generan dudas en el Gobierno del Principado, más cuando es la institución responsable de su aplicación real.
La Estrategia Nacional de Igualdad se ha convertido en un instrumento para ocultar las debilidades y los pasos atrás de las contrarreformas en otras leyes y normas por parte del Gobierno central. Por una parte, los cambios previstos en el Código Penal representan un retroceso para los derechos de las víctimas de violencia de género, al afectar negativamente a su asistencia y seguridad jurídica (exigencia de denuncia oficial para actuar contra los acusados de agresión, despenalización de las faltas por vejaciones injustas leves, multa económica en los delitos de violencia de género,…). A la contrarreforma penal se suma la contrarreforma en el ámbito municipal, con la eliminación de las competencias en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género a los ayuntamientos con el anteproyecto de Administración Local, más cuando la Red de Casas de Acogida de Asturias y la Red de Centros Asesores exige la cooperación de los servicios municipales con los de otras instituciones para prestar la atención más adecuada a las víctimas de maltrato.
La Estrategia Nacional de Igualdad prevé incrementar el peso del voluntariado en el apoyo a las víctimas de violencia de género, lo que es también motivo de preocupación. Una acción ya puesta en marcha, pero que nunca debe suplir la labor que desarrollan profesionales de las fuerzas de seguridad y de la asistencia social, jurídica y psicológica. El Gobierno de Asturias estará atento a que esta iniciativa no implique una desprofesionalización de la asistencia a las víctimas y a sus hijos con el objetivo de justificar la reducción de recursos económicos.
Especial alarma causan los recortes por parte del Gobierno central de las partidas destinadas a las víctimas de violencia de género. Una reducción del 25% en el presente ejercicio y que deja el peso presupuestario de la asistencia social integral a las víctimas de malos tratos en manos del Gobierno de Asturias, que ha mantenido intactas las partidas destinadas a violencia de género, más de 1.300.000 euros destinados a la Red Asturiana de Casas de Acogida y a Centros Asesores de la Mujer.
El consejero de Presidencia ha mostrado el rechazo de Asturias a ser cómplice tanto de los recortes presupuestarios como de derechos para las personas que sufren la violencia de género. Guillermo Martínez ha subrayado que las mujeres no verán mermados los recursos destinados a la erradicación de la violencia de género y que nuestra comunidad quiere seguir siendo una referencia para el resto de España en la lucha por la igualdad. Ejemplo de ello es la Casa Malva, en Gijón, el primer centro de atención integral a víctimas de violencia de género creado con arreglo a la ley de igualdad.
Desde la puesta en marcha en 2002 de la Red Asturiana de Casas de Acogida y hasta abril de 2013, más de 4.200 personas han recibido atención, de las cuales un 46% lo constituyen hijos e hijas a cargo de las mujeres víctimas de violencia de género.
El año pasado en Asturias hubo 2.431 denuncias por malos tratos, se dictaron 779 órdenes de protección y se atendieron 1.200 llamadas al teléfono 016 de información sobre violencia de género, lo que supone una media de 3 llamadas diarias.
