El Proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado hoy por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, se rige, tal y como ha subrayado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por "el principio de preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada". Ello "es una realidad absolutamente innegociable que deriva de la Constitución y se plasma de una manera clara en el articulado de este Proyecto de Ley, bajo los principios de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad del personal de las empresas privadas de seguridad respecto a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado".

En este sentido, el ministro ha especificado que "no se trata, en absoluto, de privatizar la seguridad", sino de "mejorar algunos aspectos de la seguridad de nuestros ciudadanos".

Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012, el sector de la seguridad privada factura casi 3.500 millones de euros y lo integran cerca de 1.500 empresas, que emplean a 85.000 trabajadores.

Es un sector que, según ha manifestado Fernández Díaz, está muy bien posicionado a nivel internacional. De hecho, una empresa española se encuentra entre las cuatro primeras a nivel mundial. Sin embargo, el número de vigilantes privados por cada 100.000 habitantes es de 195, frente a los 271 de promedio del conjunto de la Unión Europea.

Aportaciones al proyecto

El Proyecto de Ley aprobado hoy presenta una serie de novedades respecto al anteproyecto que se presentó en Consejo de Ministros el  12 de abril, fruto de las observaciones realizadas por  varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Generalitat de Cataluña. Además, se ha contado con los informes de la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Las aportaciones al Proyecto han dado lugar a una serie de novedades, entre las que cabe citar que se liberaliza la actividad de consultoría de seguridad, se da rango legal y se sistematiza la actividad de los detectives privados, se  reserva la investigación privada a las agencias de detectives y se adoptan medidas para luchar contra el intrusismo empresarial y personal.

Desde la aprobación de la Ley actualmente vigente, año 1992, han pasado 21 años por lo que era" lógica una profunda adaptación" en un sector donde la "innovación y el desarrollo tecnológico es muy acelerado y está muy presente en los sistemas de seguridad", ha dicho el ministro.

Por esta razón, ha subrayado que "la Ley está a la altura de las necesidades del sector y de los ciudadanos españoles que van a poder contar con un instrumento que va a garantizar mejor su seguridad y libertad",  su regulación, ha añadido, es "muy adecuada a las tiempos actuales porque está plenamente actualizada y adaptada a la realidad de los avances tecnológicos y a la distribución competencial de nuestro Estado autonómico"