La oficina de información y asesoramiento sobre procesos hipotecarios hasta finales de mayo atendió 173 casos, de los que 35 se han archivado

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha señalado hoy ante el pleno de la Junta General del Principado que el plan de choque contra los desahucios por ejecución hipotecaria responde a las necesidades de Asturias y ha subrayado que las medidas que recoge están orientadas a que ningún asturiano se quede sin techo por una causa económica sobrevenida en la que no medie dolo.

El Gobierno asturiano ha puesto en marcha un paquete de medidas tras analizar detenidamente la realidad del sector. Según los datos recogidos en la memoria anual del Colegio de Registradores de la Propiedad, las adjudicaciones por ejecución hipotecaria en Asturias representan un 0,9% del total nacional. Además, el Principado cuenta con un importante parque de 9.000 viviendas públicas, de las que 500 están vacantes.

La titular de Vivienda ha subrayado que el Principado “trabaja para aliviar, de la manera más ágil y rápida posible, la difícil situación por la que atraviesan las familias que deben dejar sus casas porque no pueden hacer frente a sus obligaciones de préstamos hipotecarios”. 

Una de las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para mejorar la situación de estas familias fue la puesta en marcha, el pasado mes de noviembre, de la oficina de información y asesoramiento sobre procesos hipotecarios. Este nuevo recurso atendió 173 casos hasta finales de mayo, de los que 35 se han archivado y el resto se encuentra en diferentes fases de tramitación. La oficina presta tres servicios compatibles entre sí:

·        Servicio de orientación jurídica: ofrece asesoramiento jurídico para la asistencia gratuita en aquellos casos en que corresponde, según las condiciones de la unidad familiar y conforme a la normativa vigente. 

·        Servicio de intermediación hipotecaria: enfocado a prestar asistencia para la intermediación con las entidades financieras acreedoras de los préstamos hipotecarios, con la intervención del Colegio de Abogados de Oviedo y sus profesionales. El servicio tiene carácter gratuito y persigue alcanzar un acuerdo con el banco para obtener una reestructuración de la deuda, una quita, la dación en pago o cualquier otro pacto entre las partes.

·        Información y asesoramiento para el acceso a una vivienda: la Dirección General de Vivienda, a través de Vipasa, se encarga de este servicio, que consiste en llevar a cabo un seguimiento individualizado de la situación de las familias afectadas, analizar las necesidades de acceso a la vivienda y proponer medidas a las que pueden acogerse. Dado que no todas las familias tienen las mismas necesidades ni presentan la misma casuística, son varias las alternativas que se ofrecen, como ayudas al alquiler, fórmulas para acceder a viviendas del Principado, acceso a una vivienda protegida de promociones privadas a través del registro de demandantes, acceso a la bolsa de viviendas creada en virtud de los convenios firmados con entidades financieras y acceso a las viviendas del fondo social.

Además, el plan de choque incluye otras medidas que ya se han puesto en marcha, como las siguientes:

• Nuevo decreto para la adjudicación de viviendas del Principado de Asturias que se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el 30 de mayo. Su entrada en vigor ha permitido flexibilizar el acceso a viviendas públicas y acelerar y simplificar los procedimientos. El documento plantea la posibilidad de acceder a una vivienda por situaciones especiales, ampliando las causas de adjudicación directa por emergencia social para situaciones de ejecución hipotecaria, personas sin hogar o personas con discapacidad sobrevenida y estableciendo una fórmula nueva de adjudicación directa de carácter temporal y para situaciones de urgencia.

• Ayudas al alquiler de viviendas para personas en situación de necesidad social que hayan sufrido la pérdida de su vivienda habitual por impago de hipoteca o alquiler. Esta medida, dotada con un millón de euros, fue aprobada por el Consejo de Gobierno el día 5 de junio y se publicará en el BOPA el próximo lunes.

• Reserva de 50 viviendas públicas para ponerlas a disposición de familias desahuciadas. Esta cifra inicial se podría ampliar, puesto que Asturias cuenta con más de 500 viviendas vacantes de las que se podría hacer uso en caso de necesidad.

• Convenios de colaboración con entidades financieras para paliar la problemática derivada de la falta de vivienda que afecta a deudores hipotecarios y en riesgo de exclusión social. La pasada semana se firmaron los tres primeros con Liberbank, Caja Rural de Asturias y Caja Rural de Gijón. Las entidades financieras se comprometen a paralizar los lanzamientos y ofrecer arrendamientos sociales en la vivienda habitual de los deudores hipotecarios, con el propósito de que las familias afectadas no tengan que abandonar su hogar. Esos alquileres son para circunstancias especiales de necesidad social y casos en los que ya se ha procedido a la adjudicación por subasta al banco. Entre los requisitos que se deben cumplir para optar a estos alquileres figuran que la vivienda sea residencia habitual, permanente y única propiedad del titular y sus miembros, que el lanzamiento genere situación de emergencia o exclusión social, que se haya producido un menoscabo de la situación económica familiar (en el que el esfuerzo que represente la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por lo menos 1,5 veces y la carga de la hipoteca suponga más de un tercio de los ingresos familiares) y que los ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Los acuerdos suscritos también permiten disponer de otras 28 viviendas para las que se establecerá un alquiler social. Los destinatarios de esta bolsa de viviendas serán personas y familias en situación o riesgo de exclusión social que también deberán reunir unos requisitos: estar empadronados en Asturias desde hace más de 2 años, que los ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces IPREM, que se cumplan los requisitos del decreto de vivienda y que los afectados no dispongan de vivienda habitual por haber sido objeto de lanzamiento en ejecución hipotecaria. En todos los casos el contrato de arrendamiento será de un año, prorrogable hasta un máximo de tres, y el alquiler se fijará según precio máximo para vivienda protegida, esto es, no superior a 400 euros y en ningún caso por encima del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Con la firma de estos acuerdos, el Gobierno del Principado de Asturias se compromete a asesorar a los usuarios de la oficina de desahucios, hacerse cargo de un seguro de desperfectos y fianzas del alquiler social y tramitar la bolsa de viviendas en alquiler.

Plan Autonómico de Vivienda

Durante su intervención en el pleno de la Junta General del Principado, la consejera de Bienestar ha indicado que dentro del Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) se pactaron con los agentes sociales unas líneas generales que se incluirán en el próximo Plan Autonómico de Vivienda, en el que se incorporarán medidas dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. Díaz ha apuntado que los trabajos del plan autonómico han comenzado recientemente, una vez aprobado el Plan Estatal de fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 del Gobierno central.