PSOE, UGT y CC.OO. alcanzan un acuerdo para "luchar contra la reforma local", que tendrá "unas consecuencias desastrosas para los servicios que reciben los ciudadanos de sus
El Secretario de Política Municipal, Gaspar Zarrías, y el alcalde de Fuenlabrada y miembro de la dirección de la FEMP, Manuel Robles, han mantenido en la tarde de este lunes una reunión de trabajo en Ferraz con delegaciones de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para analizar la Ley de Reforma Local. Por parte de las centrales, se han desplazado a la sede socialista Ana Micó, Secretaria Confederal de Política Territorial y Movilización de UGT, y José Campos, Secretario Confederal de Relaciones Institucionales de CC.OO. Ambas partes han alcanzado un acuerdo para “luchar contra la reforma local”, que entrañará unas “consecuencias desastrosas para los servicios que reciben los ciudadanos de sus ayuntamientos”.
La reforma local que a través del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local entrará en las Cortes después del verano “representa un nuevo recorte social y un nuevo paso en el desmantelamiento del Estado de Bienestar que emprendió el Gobierno de Rajoy desde el comienzo de la legislatura”, han denunciado, para oponerse a esta “verdadera contrarreforma local, que el Gobierno pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2014”.
Los representantes de PSOE, UGT y CCOO han coincidido en la necesidad de que los ciudadanos conozcan el verdadero alcance de una reforma de los ayuntamientos, en la que el Gobierno dice que ahorrará 8.000 millones de euros. Así, consideran que “la ciudadanía debe saber que este aparente ahorro será consecuencia de la eliminación y privatización de servicios educativos, sociales, sanitarios, deportivos (becas y ayudas, instalaciones deportivas, prestaciones sanitarias, protección de menores, atención a mujeres maltratadas…)”, y que “bajo los falsos argumentos del ahorro y la eficicacia, la reforma local propuesta por el Ejecutivo hará que los ciudadanos y ciudadanas vean desaparecer y privatizar servicios que reciben de las administraciones locales y que después de 30 años son ya percibidos como propios de sus ayuntamientos”.
Los asistentes a la reunión mantenida esta tarde a iniciativa de Zarrías han acordado que pondrán todos los recursos a su alcance para paralizar la iniciativa del Ejecutivo y para ello continuarán las reuniones, con el objeto de hacer extensiva la participación a más grupos políticos, organizaciones y colectivos, “y establecer una estrategia conjunta de lucha contra la ley, en la calle y en el Parlamento”.
