La federación ha informado al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de la carta enviada a la ministra de Economía, al ministro de Industria y al comisario europeo de la Competencia alertando del grave riesgo de la puesta en marcha del procedimiento abierto por la Comisión Europea, que puede poner en peligro a la industria naval española al paralizar el sistema de financiación utilizado en nuestro país
MCA-UGT, Federación de Industria, ha enviado una carta a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado; al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián; y al comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia; con copia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; en la que expresa su preocupación y alerta del grave peligro en el que se encuentra el futuro de la construcción naval en nuestro país en el caso de que la Comisión Europea abra un expediente informativo sobre el tax lease, el sistema de financiación utilizado en nuestro país para la contratación de buques.
El tax lease es un instrumento financiero-fiscal que combina el arrendamiento financiero (leasing) y el régimen especial fiscal de las entidades navieras de la tasa por tonelada destinada a la adquisición de buques en los astilleros españoles o europeos por parte de los armadores de la Unión Europea. Ambos instrumentos son habituales en las legislaciones fiscales de los países europeos y, en el caso del segundo, el régimen especial fiscal, éste es conforme a las Ayudas al Transporte Marítimo, ya que se trata de una ayuda compatible por aprobación expresa de la Comisión Europea. Además, a través de la participación de MCA-UGT en la Federación Europea de Metalúrgicos (F.E.M.), la citada federación tiene constancia de la existencia de esquemas similares en otros países de la Unión.
Las industrias competidoras europeas están ejerciendo una presión continua sobre sus gobiernos nacionales y sobre la Comisión Europea con el objetivo de paralizar inmediatamente el esquema español. Liderados por Holanda y con la participación activa de Noruega y Dinamarca, contradicen la opinión de uno de los principales países constructores navales europeos, Alemania, que no considera que el sistema tax lease sea negativo, y que incluso aboga por un sistema similar en su legislación nacional. Es destacable reseñar que Francia tiene un esquema similar con la plena aprobación de la Comisión Europea.
Por lo que la federación estatal MCA-UGT ha podido conocer, la Comisión Europea tiene abierto un expediente informativo, y puede, en cualquier momento, iniciar un Procedimiento Público de Investigación Formal, lo que implicaría consecuencias desastrosas y posiblemente irreversibles para los astilleros españoles, su industria auxiliar y para los miles de trabajadores que conforman el sector naval en España.
Estas consecuencias serían, entre otras:
- Imposibilidad de consolidar contratos en fase muy avanzada de negociación, al no poder aplicarse el sistema actualmente en vigor.
- El número de buques en riesgo asciende a 53 con un valor contractual estimado en casi 1.800 millones de euros.
- Imposibilidad de contratar en un mercado actual en crisis.
- Paralización de importantes contratos de exportación.
- Deterioro irrecuperable de la marca España en el ámbito internacional.
- Graves efectos sobre el sector y su tejido industrial en particular, la industria auxiliar y sus trabajadores.
- Fuentes conocedoras del sector opinan que los buques afectados serían sobre 300 con un valor contractual de más de 9.700 millones de euros.
MCA-UGT considera que, dada la magnitud del problema, las gestiones ante la Comisión Europea deberían ser realizadas y coordinadas al más alto nivel del Gobierno de España.
A su entender, es imprescindible que la Apertura del Procedimiento permita establecer un nuevo mecanismo que, con plena seguridad jurídica y el beneplácito de Bruselas, sustituya al actual, asegurando que no afecte a los beneficios fiscales ya distribuidos y al proceso de sostenibilidad y competitividad en el que están inmersos los astilleros españoles.
Simultáneamente a esta negociación con la Comisión Europea sería necesario desarrollar las medidas transitorias de carácter horizontal existentes en la legislación tributaria dirigidas a aliviar los mencionados efectos mencionados sobre los astilleros.
El sindicato estima que esta alternativa transitoria debía permitir que aquellos contratos negociados se puedan acoger al actual sistema, evitando los efectos negativos de pérdidas de imagen comercial y la paralización de la capacidad comercial de los Astilleros.
Si finalmente el procedimiento se abriera (como puede suceder), sería necesario articular medidas similares a las existentes en otros países, como son:
- Subvención del tipo de interés como alternativa a las Garantías del Estado existentes en otros países de nuestro entorno.
- Instauración de un sistema de garantías complementarias al de PYMAR.
- Incremento de los Fondos de Reestructuración.
- Incremento de los Fondos destinados a I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación en el Sector Naval Español.
- Transmitir a la Comisión Europea, que en el caso que fuese necesario abrir el Procedimiento, estuviese pactada la resolución final entre el Gobierno de España y la Comisión Europea.
