La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno. En el ámbito de actuación de la norma están incluidos los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales e instituciones que se financian a través de dinero público, como la Casa Real.
La primera institución que se va a incorporar de forma expresa en la norma será la Casa Real, que responderá al mismo régimen de transparencia que se exige al Congreso de los Diputados, al Senado o al Tribunal Constitucional.
En su intervención la vicepresidenta del Gobierno ha destacado que la española será "la primera Monarquía europea en someterse a una obligación legal de transparencia."
También se incluirá al Banco de España y a aquellas entidades privadas que reciban una financiación pública relevante.
Sáenz de Santamaría ha indicado que corresponderá a los grupos parlamentarios definir porcentajes o cuantías mínimas que determinen esa relevancia en la financiación pública de sus objetivos.
Acceso a la información
La Ley pone a disposición de los ciudadanos, sin necesidad de solicitud previa alguna, toda la información cuyo conocimiento se considere de interés, y en particular, información institucional, de organización, de planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica, presupuestaria y estadística.
Se incorpora de forma expresa en la norma la información referente al perfil profesional de los responsables de los diferentes órganos de las Administraciones Públicas.
La vicepresidenta ha subrayado que la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno es "urgente e inaplazable" para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y en la labor de sus gobernantes. Además, profundiza en la estrategia de reforma institucional. "Es la primera reforma profunda para la regeneración democrática", ha dicho.
Órgano de control
La Ley establece un órgano independiente y autónomo encargado de vigilar la aplicación del principio de transparencia, y de resolver los conflictos que puedan surgir.
La vicepresidenta ha avanzado que este órgano será el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que contará con "los perfiles de independencia y especialización que exige el espíritu de esta Ley".
Infracciones y sanciones
En la norma se concretarán las infracciones derivadas del incumplimiento de esta propia Ley, de manera expresa, para quienes obstruyan el ejercicio del derecho ciudadano de transparencia y acceso a la información.
Además se aprovechará la creación de la Autoridad Fiscal independiente y el refuerzo de otros organismos de fiscalización, para garantizar la eficacia de la Ley. Su independencia les sitúa en la mejor posición para velar por el estricto cumplimiento de la norma.
La vicepresidenta del Gobierno confía en que esta ley ´"marcará un antes y un después en el funcionamiento de las instituciones" y ha ofrecido a los grupos diálogo para mejorar el texto durante su tramitación parlamentaria.
