El departamento que encabeza Esther Díaz trabaja en otros dos programas que estarán listos en otoño, uno para los centros de protección de menores y otro específico de intervención para menores extranjeros no acompañados

El presupuesto para las políticas de infancia se ha incrementado este año un 7% con respecto a 2012 y supera los 29,3 millones

Oviedo.-La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha anunciado esta mañana que el III Plan Integral de Infancia y Adolescencia 2013-2016, que es el marco de promoción de los derechos de estos sectores de la población en el Principado, se aprobará este verano.

Díaz, que ha comparecido ante la Comisión de Bienestar Social y Vivienda de la Junta General del Principado, ha explicado que ya está listo el segundo borrador del plan y que será presentado el próximo mes en una jornada abierta en la que participarán profesionales y entidades. Tras un proceso de análisis y puesta en común, las conclusiones del encuentro se incorporarán al borrador para completarlo.

La titular de Bienestar Social ha destacado que en la elaboración del texto participan todos los agentes implicados en esta materia: entidades, profesionales y ayuntamientos, además del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias.

El III Plan Integral de Infancia y Adolescencia 2013-2016 surge con una perspectiva integral e intersectorial en la que la protección de menores tiene un peso muy importante. La planificación sectorial de la protección de los menores debe integrarse en el marco general de los derechos de la infancia para alcanzar mayor eficacia, coordinando los recursos profesionales que intervienen desde distintos ámbitos para abordar un mismo problema de forma efectiva. Además, los principios que rigen el proyecto cuentan con un amplio consenso entre la comunidad profesional y científica internacional.  

Durante su intervención en el Parlamento, la consejera ha indicado que su departamento trabaja también en la puesta en marcha de un programa operativo para los centros de protección de menores y en otro específico de intervención para menores extranjeros no acompañados. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda prevé que ambos proyectos comiencen a aplicarse el próximo otoño.

A juicio de Díaz, la elaboración del programa operativo para los centros de protección de menores resulta necesaria para afrontar los retos actuales. “Existen nuevas situaciones a las que hemos de responder y adecuar los recursos de los que disponemos”, ha subrayado. Así, por ejemplo, el nuevo programa incorporará iniciativas para menores con problemas de conducta y para adolescentes y familias en situación de crisis.

El Principado cuenta actualmente con diez centros públicos que albergan a 182 menores y la pretensión de la consejera “es mantenerlos absolutamente todos”. En este sentido, la titular de Bienestar Social ha insistido en que el Materno Infantil, “sobre cuyo futuro se han vertido recientemente algunas dudas, seguirá desempeñando un papel muy importante”.

Por otra parte, el desarrollo de un programa de intervención específico para menores extranjeros no acompañados supone que por primera vez se esté planificando un paquete de respuestas para las necesidades específicas de este colectivo. La problemática que presentan estos adolescentes es notablemente diferente a la del resto de menores que ingresan en las unidades de primera acogida, por lo que se hace necesaria una unidad de recepción específica para ellos. De esta forma, los menores podrán integrarse de la forma más normalizada posible, tanto en el centro de protección como en la comunidad que les acoge.

La consejera ha insistido también en la importancia de la puesta en marcha del Acuerdo Marco de Infancia, que ha favorecido la regularización de los servicios prestados por las entidades del tercer sector en el ámbito de la familia y la protección y prevención de la infancia. El acuerdo, que tendrá cuatro años de vigencia y está dotado con 37,5 millones, permite atender con rapidez y calidad a los menores que son objeto de protección y ha posibilitado que se sumen 565 plazas concertadas a las 277 con las que contaba el sector público. A pesar de que su puesta en marcha entraña dificultades, el esfuerzo del personal del Servicio de Infancia de la consejería y la estrecha colaboración de las entidades del tercer sector ayudan a solventarlas.

Esther Díaz se ha referido asimismo a las políticas de prevención y promoción de los derechos de la infancia y ha incidido en la relevancia de los programas que desarrollan en el ámbito local los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia financiados por la consejería. Su misión es trabajar con los menores y su entorno familiar para disminuir los factores generadores de conflicto y evitar que se produzcan situaciones de desprotección. El coste previsto para este año asciende a 1.069.000 euros, que se repartirán entre los 14 equipos que operan en Asturias.

El desarrollo de todas estas políticas relacionadas con la infancia cuenta este año con un presupuesto total de 29.341.324 euros, lo que supone un incremento aproximado del 7% respecto a 2012.