Oviedo.-La presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández,  defendió este miércoles la necesidad de la "imprescindible" reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert ante "alarmantes" datos como que un 23,7 por ciento de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan. "El porcentaje de 'ninis' es elevadísimo", ha dicho durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la diputada regional del PP y portavoz de Educación, Susana López Ares, sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Del mismo modo, Mercedes Fernández hizo referencia a un paro juvenil próximo al 57 por ciento en España y a una tasa de abandono escolar del 24,9 por ciento -el doble que el resto de países de la UE-, y ha manifestado que el sistema registra unos 500.000 alumnos repetidores, que originan un gasto adicional de 2.500 millones de euros. A consecuencia de estos datos, los resultados españoles están muy por debajo de los países europeos y de informes e indicadores internacionales de prestigio como el PISA, por lo que la presidenta popular cree necesaria una apuesta por un nuevo modelo que garantice "más calidad, mayor flexibilidad y un sistema objetivo y homogéneo de evaluación" tanto de las capacidades adquiridas por los alumnos como de la gestión realizada por los centros.

Mercedes Fernández recordó que en la última década se ha duplicado la inversión en Educación en España, pero "se han obtenido pocos o escasos resultados positivos". En su opinión, la nueva ley acierta también en fijar en un máximo de dos los suspensos con los que se podrá pasar de curso, así como la flexibilización de la FP y la autonomía, profesionalización y transparencia de los centros. "La Educación en España es manifiestamente mejorable, y cuando algo no funciona hay que cambiarlo, y esta nueva Ley educativa obedece a una necesidad y una apuesta por el empleo, que es el objetivo inequívoco de todas las reformas estructurales emprendidas por este Gobierno", agregó.     

Considera, asimismo, la presidenta que cuando se habla en nuestro país de la  generación mejor formada de la historia, se hace referencia a quienes lograron saltar "toda una serie de obstáculos" del sistema para conseguir titulaciones superiores y master, pero argumenta que se debe legislar para "la mayoría" con el objetivo de mejorar los estándares de calidad. Asimismo, ha aprovechado para criticar la postura de los socialistas a los que, dice, les produce "urticaria" hablar de reformas estructurales.

Las leyes hay que cumplirlas

En esta línea, ante las críticas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado al proyecto, la presidenta del PP asturiano confía en que se aplique la ley con normalidad en Asturias, una vez pase el trámite parlamentario en el que el texto puede ser modificado. "Espero y deseo que no haya problemas en la implantación", ha apuntado, recordando que la ley es de "obligado cumplimiento". Además, respecto a la polémica generada sobre la asignatura de Religión, Mercedes Fernández ha remarcado que se están utilizando argumentos "falaces", ya que tanto 'Religión' como 'Valores Culturales' son asignaturas optativas y la única obligación que existe es "elegir una de ellas".

Por su parte, la diputada Susana López Ares ha asegurado que el trabajo del Ministerio de Educación ha sido "serio y pausado" y ha tomado como referencia países europeos que "tienen un sistema mejor que el nuestro y que está funcionando". La portavoz de Educación ha insistido en que el gran objetivo de esta nueva norma es incrementar la calidad educativa, "y esto se consigue mejorando el nivel de nuestros estudiantes y el de nuestros centros". López Ares detalló algunos aspectos de la nueva ley, como el establecimiento de un nivel de conocimientos imprescindibles  para la finalización de la distintas etapas educativas: Primaria, ESO, Bachillerato o FP.

La diputada en el Parlamento asturiano ha incidido en que se garantizará la igualdad de la calidad educativa y la homogeneidad de conocimientos en todo el territorio nacional, al fijar el Ministerio el 50% de los contenidos de las materias troncales generales y optativas, asegurando que se cumplen esos criterios mediante evaluaciones iguales y continuadas en todo el país. Asimismo, el Ministerio "hace un importante esfuerzo" en favor de la calidad centrándose en los diferentes tipos de estudiantes que puede presentar el sistema.

Así, las evaluaciones van a permitir el seguimiento individualizado de cada alumno a lo largo del proceso de aprendizaje. "Las primeras evaluaciones se van a hacer en tercero de Primaria, y ahí ya se van a poder detectar las dificultades tempranas, si las hubiera, o las altas capacidades. De esta forma, el centro y la comunidad educativa podrán poner en marcha políticas específicas para que esos alumno puedan avanzar mejor", explicó López Ares. Es decir, las evaluaciones permitirán adaptarse a las necesidades de los alumnos tanto con dificultades como con altas capacidades.

Autonomía de los centros y profesionalización de su Dirección

Asimismo, ha apostado por el aumento de la autonomía de los centros, permitiendo a estos definir  sus características "para, posteriormente, ser evaluados y determinar si han cumplido o no los objetivos". López Ares negó que, en caso de ofrecer resultados negativos, los centros vayan a ser penalizados. "Lo que se les planteará serán propuestas de mejora", aclaró. Recalcó también la necesidad de profesionalizar los equipos directivos y mejorar su formación, "para que puedan obtener para sus centros los mejores resultados posibles".

Por otro lado, la diputada apostó por la igualdad, pero no como la entendían las leyes socialistas de la LOGSE y la LOE, que era una "igualdad en resultados por abajo". La ley del Gobierno del PP busca la "igualdad de oportunidades", tanto en los contenidos troncales que fijará el Estado como en las materias específicas que definirán las comunidades autónomas en sus currículum, pero que también van a ser evaluadas por el Ministerio y sus profesores, "y no por ninguna empresa privada, como alguien ha querido malinterpretar, tergiversar y manipular". Igual que ocurre en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), comentó.

Susana López Ares ha recordado también entre los criterios de igualdad de oportunidades la regulación del acceso a los centros financiados con fondos públicos. Así, ha hecho hincapié  en la incorporación de la renta familiar como variable obligatoria a la hora de elegir centro o la presencia de hermanos del potencial alumno en el colegio o instituto elegido por los padres, que actualmente no se tienen en cuenta en Asturias.

La flexibilidad contenida en la Ley Wert ha sido otra de las características destacadas por Susana López Ares, porque la nueva norma "no lleva obligatoriamente a todos los alumnos por el mismo camino hasta los 16 años, sino que el sistema se adapta a las necesidades o elecciones que quiera hacer antes el propio estudiante".  Esta apuesta por la flexibilidad del itinerario permite que los alumnos puedan pasar de una formación más académica a una más profesionalizada y viceversa, sin los obstáculos y restricciones que presenta la actual ley. "El sistema se adapta al estudiante, no como pasa ahora, que el estudiante se tiene que adaptar al sistema", concluyó López Ares, no sin antes recomendar a los socialistas que "se den una vuelta por Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca..., antes de calificar esta ley como franquista. Hay que ser más serios".