Asturias.-El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los convenios de colaboración con los ayuntamientos asturianos para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales. Se trata de una partida global que moviliza más de 48 millones de euros a favor de las políticas sociales, de los que 26.712.094 son aportados por el Ejecutivo de Asturias, lo que supone el 55,57% del total. El siguiente paso será trasladar el documento del Plan Concertado a los distintos ayuntamientos para su aprobación y que de esta manera dispongan del dinero en el plazo de tiempo más breve posible.

Los servicios sociales básicos que prestan los ayuntamientos es lo que se financia a través del Plan Concertado y aquí se incluyen las ayudas de emergencia, las becas de comedor escolar para niños y niñas cuyas familias carecen de ingresos, teleasistencia domiciliaria para que personas mayores puedan continuar viviendo donde elijan o medidas de conciliación, entre otros programas.

El Gobierno de Asturias ha realizado un importante esfuerzo para que el Plan Concertado cuente con la misma cuantía que el año anterior. Así, para que los ayuntamientos sigan contando con los mismos recursos, el Ejecutivo del Principado ha incrementado su aportación en casi 600.000 euros, prácticamente la misma cantidad en que ha recortado su aportación el Gobierno de España para este año.

Una de las principales novedades que recoge el Plan Concertado es que se sacan los servicios de la Ley de la Dependencia, ayuda a domicilio y teleasistencia, que son competencia de la Comunidad Autónoma y hasta ahora estaban incluidos en este plan.

Además, ahora son los ayuntamientos los que proponen la distribución de partidas entre los distintos programas del Plan Concertado, con la condición de que se respete la partida de personal que fija el Decreto 08/2005, del Mapa Asturiano de Servicios Sociales, así como el mantenimiento de los programas que ya tenían. 

Por otro lado, el Gobierno de Asturias establece como prioridad la prestación de la ayuda a domicilio en el marco del Plan Concertado a aquellas personas dependientes que compatibilizan este servicio con la asistencia a un centro de día o CAI. Dado que la reforma de la Ley de la Dependencia elimina las compatibilidades entre las diferentes prestaciones y servicios, el Ejecutivo asturiano hará valer la amplia red del servicio de ayuda a domicilio para mantener una compatibilidad que resulta imprescindible, ya que de lo contrario, las personas con dependencia reconocida no podrían asistir al centro de día o Centro de Apoyo a la Integración (CAI) si previamente no reciben esa ayuda.

En Asturias mantener esta compatibilidad supone casi 1.200.000 euros de los cerca de 20 millones que se destinan en el Plan Concertado a la ayuda a domicilio y teleasistencia, cantidad que significa un 6% de dicha partida.

Destinados 1,4 millones para los Centros de Apoyo a la Integración de Mieres, Langreo, Valdés y Cangas de Narcea

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la firma de los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Valdés, Mieres, Langreo y Cangas del Narcea para el sostenimiento de los Centros de Apoyo a la Integración (CAI) municipales, a los que se destina una cantidad total de más de 1,4 millones de euros.

Estos convenios de colaboración tienen carácter anual y contribuyen a reforzar y consolidar los CAI. A través de ellos, el Gobierno de Asturias aporta una cantidad determinada en función del coste de cada plaza según el grado de dependencia de los usuarios de los CAI, así como por los servicios complementarios de comedor y transporte.

En total son 177 los usuarios de los cuatro CAI y la partida correspondiente a cada uno de ellos es la siguiente:

-         CAI de Canero (Valdés):                    166.044 €

-         CAI de Cardeo (Mieres):                    383.508 €

-         CAI de Pando (Langreo):                    591.216 €

-         CAI de Penlés (Cangas de Narcea):    261.960 €

Aprobado el decreto que regula el Comité de Ética en Intervención Social

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regulará el Comité de Ética en Intervención Social, un órgano multidisciplinar, de carácter consultivo y asesor, que mejorará la calidad en la intervención social.

Este comité se encargará de analizar y asesorar en la resolución de posibles conflictos éticos, en los ámbitos de intervención de servicios sociales; de orientar en la elaboración de documentos de buena praxis o protocolos de actuación, desde el punto de vista ético, y en potenciar la formación en ética asistencial de los profesionales de los servicios sociales.

Un rasgo distintivo del futuro comité de ética en Servicios Sociales lo constituye la apuesta por la participación y la búsqueda de la pluralidad a lo largo de todo el proceso. Profesionales diversos, de distintos sectores, de distintas disciplinas, de la atención directa y de la gestión, del ámbito público y privado, han participado en este proceso. Un espíritu que permanecerá en la composición final de los miembros que integren este primer comité.

Por tanto, el Comité de Ética en Intervención Social se configura como un recurso para facilitar la reflexión y deliberación, orientando prácticas concretas que ayuden a la toma de decisiones óptimas y prudentes en aquellos casos donde convergen diversidad de perspectivas y opiniones entre todas las partes implicadas, como son los profesionales, personas usuarias, familias, entidades e instituciones, así como otros agentes sociales.

En definitiva, su papel debe de ser el de constituir un foro de deliberación, multidisciplinar e independiente, al servicio de la calidad asistencial y del bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, contribuyendo a la adopción de decisiones de calidad en supuestos complejos en que se presentan conflictos de diversos valores o derechos de las personas implicadas.