La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo marca la línea roja sobre quién debe asumir las pérdidas de una entidad financiera en apuros y quien no. En caso de rescate bancario, los accionistas, los titulares de bonos y, como último recurso, los depositantes de más de 100.000 euros podrían sufrir pérdidas. Los pequeños depositantes estarán totalmente protegidos ante cualquier tipo de quita.

Un banco se enfrenta a un grave problema cuando su pasivo (el dinero que debe) supera al activo (el dinero que posee o se le debe). Las entidades financieras funcionan prestando el capital que les ha sido confiado por los depositantes y los titulares de sus bonos. Si los impagos se acumulan y los bancos no pueden hacer frente a los intereses debidos a sus depositantes y a sus bonistas, y necesitan ayuda externa para sobrevivir. A esta ayuda se le llama rescate, y la cuestión es: ¿Cómo debería repartirse su coste?

El texto aprobado por los eurodiputados el 20 de mayo prevé que las pérdidas recaigan en primer lugar sobre los accionistas. Si no fuera suficiente, los siguientes en el punto de mira serían los titulares de bonos o deuda emitida por las entidades en apuros.

Y como última opción, los grandes ahorradores que hayan depositado más de 100.000 euros en la cuenta. Quedan excluidos los ahorradores de a pie, con menos de 100.000 euros en sus cartillas ya que esta cuantía está asegurada por el fondo de garantía de depósitos. Recurrir a los depósitos menores de 100.000 euros fue una posibilidad planteada durante la negociación para reflotar a la banca de Chipre. Pero quedó finalmente descartada.

¿Y los contribuyentes?

En la mayoría de los rescates bancarios es probable que también siga siendo necesario utilizar fondos públicos provenientes del bolsillo del contribuyente. Los eurodiputados defendieron que los Estados podrían emitir garantías o tomar una participación que les convierta en propietarios, total o parcialmente, del banco al borde de la quiebra.

Cada país de la Unión Europea también deberá crear su propio fondo de resolución de crisis bancarias, financiado por las propias entidades bancarias. El texto recién aprobado recibió 39 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones.