Oviedo.-“Vamos a emplearnos a fondo para que esta ley retrógrada, privatizadora, segregadora y confesional no genere más dificultades a la educación española” y por eso el Partido Socialista “va a trabajar para que esta ley no sea aprobada en el Parlamento”. Así ha anunciado el diputado y Secretario de Formación del PSOE, Rafael Simancas, que su partido “intentará tumbar la ley” con “una enmienda a la totalidad si el proyecto aprobado en el Consejo de Ministros se registra, en estos términos, en el Parlamento, y si se aprueba, intentaremos que no entre en vigor, y si entra en vigor, intentaremos derogarla en cuanto gobernemos”.
Porque, para el PSOE, la ley Wert, la ley para la Reforma Educativa, la enseñanza española será la que “tendrá menos recursos y más desigualdad” de toda la educación europea. “Seremos los campeones de las reválidas y de los catecismos, pero seremos los últimos de Europa en recursos a disposición de la enseñanza, profesores, becas e investigadores”, ha enfatizado Simancas, que también ha asegurado que “nos retrotrae a la Edad Media educativa”. Ha denunciado que la enseñanza religiosa “tendrá tanta o más preponderancia que las Matemáticas, que la Física o que la Historia” y se ha preguntado: “¿alguien piensa que los jóvenes españoles van a lograr una mejor entrada en la sociedad del conocimiento y el empleo por la vía de los rosarios, los padrenuestros y los ave marías?”.
Simancas ha explicado, en rueda de prensa en Oviedo, que la ley Wert “conlleva grandes amenazas” para la enseñanza española: la segregación de alumnos con dificultades y negar recursos a la enseñanza pública pero proporcionárselos a la enseñanza privada son dos de ellos, pero el socialista también ha recalcado que es “la ley de los obispos porque subraya el dogma religioso frente a la enseñanza de la razón”. Sin olvidar que otra amenaza es “la naturaleza del propio proceso” porque el Gobierno de Mariano Rajoy “no dialoga con nadie, salvo con los obispos, y le ha negado la palabra a padres, profesores, estudiantes” e incluso ha hecho “caso omiso” a las recomendaciones del Consejo de Estado.
