Asturias.-La Consejería de Sanidad, a través del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), ha habilitado un sistema para que las personas inmigrantes sin recursos y en situación irregular empadronadas en Asturias puedan acceder a la prestación farmacéutica con una aportación asimilable a la de la población general. Esta alternativa se lleva a cabo con cargo a los programas de inclusión y atención sociosanitaria para los inmigrantes sin recursos y, por tanto, está sujeta a un circuito de facturación ajeno al Servicio de Salud.

La medida, que ya ha entrado en vigor en toda la comunidad, se suma a las instrucciones publicadas por el Gobierno autonómico el pasado mes de agosto sobre la autorización de asistencia sanitaria a las personas extranjeras en situación irregular y sin recursos residentes en Asturias.

El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha explicado hoy ante el pleno de la Junta General del Principado que la decisión se fundamenta de nuevo en razones de carácter humanitario y en la prevención y protección de la salud como derecho individual y colectivo. En este sentido, ha incidido en que la situación de salud de cada persona puede afectar a la de la colectividad y viceversa, razón por la que concurren también elementos de responsabilidad sobre la salud pública de la población general.

Una decisión pionera

La medida del Ejecutivo asturiano, secundada posteriormente por otras autonomías, permite asignar a la población inmigrante un número de identificación personal, un centro de salud, un médico de cabecera y la posibilidad de que se pueda indicar cualquier prueba diagnóstica, consulta a especialidades o ingreso hospitalario. “En caso de necesidad, una persona en esta situación tendrá garantizada la asistencia sanitaria adecuada a su proceso”, ha explicado el consejero.

El titular de Sanidad ha criticado la política restrictiva y profundamente discriminatoria del PP en materia de Sanidad, que se plasmó en la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 que dejó sin asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular que no tenían reconocido previamente el derecho a asistencia como personas sin recursos económicos suficientes, con la única salvedad de las urgencias, los embarazos, el parto y postparto y los menores de 18 años.

Desde su entrada en vigor, el Sistema Nacional de Salud ha tramitado 9.888 bajas de asistencia sanitaria para los extranjeros registrados en Asturias como personas sin recursos económicos suficientes y aquellos que no constaban en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de los que se desconoce cuántos han dejado de residir en la comunidad autónoma. Paralelamente, 1.582 personas cursaron alta nuevamente al contar con autorización de residencia o estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros (comunitarios) desde antes del decreto. Además, otras 470 han accedido a la asistencia sanitaria al amparo de las instrucciones dictadas por el Gobierno autonómico.

Este escenario refleja que en Asturias quedarían únicamente sin cobertura de asistencia sanitaria las personas que pierdan la condición de aseguradas (como trabajadores o pensionistas que perciban o hayan agotado alguna prestación) o beneficiarias, siempre que se superen los 100.000 euros de ingresos anuales. Una situación por la que no se ha cursado, hasta la fecha, baja alguna.

Los datos muestran que aproximadamente el 79% de los extranjeros atendidos son menores de 44 años y sólo el 2,5% mayores de 65, lo que confirma que en su inmensa mayoría se trata de población joven, que es la que habitualmente precisa de un menor uso de los recursos asistenciales.