La reforma de la Justicia que está impulsando el Gobierno de España supone "una contrarreforma que nos preocupa a los socialistas". La diputada nacional María Luisa Carcedo denuncia que desde la llegada de Alberto Ruiz Galladón al Ministerio de Justicia se aprecia "un afán contrarreformista de la Justicia que es altamente preocupante desde el punto de vista democrático". Esta opinión también es compartida por el consejero de Presidencia. Guillermo Martínez enfatiza que, pese a lo "difícil" que resulta poner de acuerdo a todos los operadores y agentes judiciales cuando se pone en marcha una reforma. En este caso, asegura, "lo que sí ha conseguido este Gobierno es poner en contra a todos los que tienen que ver con la Justicia sobre el contenido de esas reformas, también por sus formas, por la escasa o nula negociación que ha tenido, por lo que no podemos compartir este cúmulo de reformas que, a parte de ideológicas, tienen un espíritu recaudatorio".

Ante situación, hoy se ha constituido un grupo de estudio en la FSA-PSOE, formado por militantes con conocimiento en la Justicia, que van a hacer un seguimiento de las modificaciones legales del Gobierno del PP y, especialmente, de aquella normativa y aspectos en materia de Justicia en los que tiene competencia el Gobierno de Asturias.

Carcedo, que participó en la primera reunión de ese grupo de Justicia, destacó que "de entre las leyes impulsadas por el Gobierno de España, paradójicamente con el ministro Gallardón, que se quería presentar como el ala progresista del PP, se están impulsando las leyes de mayor calado conservador y de retroceso democrático".

La parlamentaria socialista, entre las 10 leyes aprobadas esta legislatura, puso énfasis en la modificación de la ley del aborto, que rechazó de plano por su "regulación extrema", como en el caso de las malformaciones genéticas, porque "introduce un factor de crueldad con las mujeres al introducir cuestiones morales sobre el derecho de discapacidad".

Además del aborto, Carcedo criticó la modificación del registro civil por su espíritu privatizador, así como el retroceso conservador en la ley de tasas judiciales, que el PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, la reforma del Código Penal o la modificación de la legislación del Poder Judicial porque "hace al órgano de los jueces subsidiario del Gobierno".

Guillermo Martínez, por su parte, rechazó la subida de tasas judiciales porque "supone que, en algunos casos, sea superior la cuantía de la tasa al propio coste del pleito y busca, además del afán recaudatorio, un afán disuasorio"

El consejero de Presidencia, que también forma parte de la comisión ejecutiva autonómica de la FSA-PSOE, se refirió también a los efectos negativos que la reforma de la ley del Poder Judicial tendrá en los juzgados de paz, un órgano que acogen 60 ayuntamientos en Asturias. En este sentido, Martínez denuncia que "se hace un flaco favor a la Justicia y a la labor de proximidad con el planteamiento que se hace con la nueva ley, que supone la desaparición de los juzgados de paz".

Asimismo, Martínez admitió que "hay un desfase en la financiación" de la justicia gratuita, motivado por el incumplimento de la financiación que el Gobierno de España se había comprometido aportar para este servicio "pero no disponemos de ella". El presupuesto de la consejería de Presidencia para la asistencia jurídica gratuita en 2013 asciende a 3,8 millones de euros. El consejero advierte de que el coste de este servicio podría aumentar por el aumento de las solicitudes de justicia gratuita y porque "nos temenos que la actual situación económica incremente esa demanda y también porque la subida de tasas hará que muchos ciudadanos se acojan y haya más demanda".