La vicepresidenta del Gobierno ha confirmado que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se aprobará este mismo mes de mayo, cuando se clarifiquen determinadas cuestiones relacionadas con su financiación y con la posibilidad de contar con fondos europeos.
Ha destacado también que con esta ley -que ha calificado como "importante y muy necesaria", "imprescindible en el momento actual", "clave para las siguientes generaciones"- se producirá "un cambio del modelo educativo" al que nos "obliga el actual fracaso escolar y el paro juvenil" y ha dicho que prestará especial atención a la formación personal y a la libertad de alumnos y padres.
Además, ha añadido que no ha "encontrado ningún argumento" que avale que la que la ley no es necesaria" porque "no tiene ningún sentido anclarnos en lo que no funciona" y ha expresado la voluntad del Ejecutivo de que, en su tramitación parlamentaria, se incorporen aportaciones de otros grupos .
Sobre la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Ejecutivo contra la declaración soberanista del Parlament de Cataluña, -un recurso "muy fundamentado y muy trabajado"- ha destacado que se "hizo lo que se tenía que hacer" y que el Gobierno de España lo es también de los catalanes y tiene, por tanto, responsabilidad respecto de sus derechos". Ha señalado que "debates de esta naturaleza no pueden ser utilizados para eludir otras responsabilidades" y ha resaltado que las actuaciones posteriores del Gobierno catalán, fundamentadas en la declaración soberanista, serán acumuladas al recurso ahora admitido por el Alto Tribunal.
Respecto al tratamiento que se dará a la existencia de malformaciones en el feto como causa de interrupción del embarazo en la futura ley, Sáenz de Santamaría ha señalado que están estudienado la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad y sus derechos. Igualmente ha enumerado los principios que recogerá la norma: respeto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, defensa de los derechos de la madre y del nasciturus y necesidad de conocimiento o intervención de los padres en los casos de menores entre 16 y 18 años.
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