El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, matizó este martes la reforma legal que obligará a las mujeres a llevar a término la concepción, en la que no primará la salud de la madre y' a la que se obligará a finalizar el embarazo no querido, como en el caso de violaciones, o no viable, con malformidades que el propio sistema nacional de salud no asistirá, afirmando que no irán a la cárcel. No se pronunció el ministro sobre los médicos y otro personal sanitario que verán limitada su decisión con riesgo mortal para las madres o penas de prisión para ellos. Parece ser que en el propio partido que sustenta el Ejecutivo --en el que convive un amplio espectro de centro-derecha-cristiano-humanista-liberal-- existen discrepancias respecto a la involución anunciada por el ministro. La elevación al alza de las tasas judiciales, que alejan el recurso a la justicia de la población económicamente humilde y el traspaso de los servicios mínimos del Estado fedatario a prescriptores privados no ayudan a la sintonía con los miles de responsables del PP que sí, bona fide, tratan con sus paisanos y paisanas.
El ministro, se quejan fuentes de su partido, abre 'melones' que "nadie pidió que se abrieran", mientras el Gobierno trata de acertar en sus recetas económicas. Paradójicamente, Irlanda, horrorizada por el asesinato de una madre a la que se prohibió viajar a Inglaterra para interrumpir un embarazo que la mataría, y que la mató, cambia ahora la legislación 'cero' a la que aspira el ministro. La preocupación en sus propias filas aumenta ante la posibilidad de que, a la fractura social que abre en la sociedad española se sume otra, la del cumplimiento de la promesa electoral de eliminar el divorcio 'expres', lo que ya inició encareciendo las tasas judiciales, a sabiendas de que hay familias que no tienen ni cien euros, mucho menos quinientos, para abordar el trámite, lo que, como en el caso de las mujeres-madre que morirán mientras un comité de expertos decide su opción de conciencia, provocará más tragedias por mor de la unión conyugal forzada.
FOTO: ministerio de Justicia
