La norma tiene como objetivo que las cajas de ahorros recuperen su actividad tradicional y su ámbito territorial, y reduzcan la presencia de cargos públicos en sus órganos de Gobierno. El Ejecutivo también ha analizado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reforzar las funciones de los procuradores.
El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. La norma da cumplimiento a los compromisos recogidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) acordado con la Unión Europea como parte del programa de asistencia para la recapitalización del sector financiero.
Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, han subrayado que la norma es clave para completar la reforma del sistema financiero y mejorar la competitividad de la economía.
Ambos han destacado que la futura ley supone que las cajas de ahorros vuelvan a su modelo tradicional centrado en atender a los ahorradores y a las pequeñas y medianas empresas. Además, potencia la profesionalidad de las personas que formen parte de los consejos de administración y de los órganos de gestión de las mismas y reduce el papel de las Administraciones Públicas en su gestión.
Luis de Guindos ha resaltado que las cajas de ahorro "nunca tendrían que haber abandonado su labor originaria" porque se hubieran evitado muchos de los problemas que ha tenido el sector bancario en los últimos años.
El ministro ha explicado que las cajas no podrán dedicarse a actividades financieras complejas; no podrán actuar fuera de su comunidad autónoma, salvo excepciones muy concretas, ni tener un activo superior a 10.000 millones de euros.
Respecto a sus órganos de gobierno se mantiene la comisión de control, que velará por el procedimiento electoral y por la obra social, y se elimina la figura del director general.
Para evitar el control político, y atribuir dicho control a los impositores o depositantes, se establece un sistema electoral. El número de consejeros generales estará comprendido entre 30 y 150 y su mandato no podrá exceder de cinco años. Se atribuye una representatividad a los impositores, a los que se otorga entre el 50% y el 60% de los consejeros generales.
De Guindos ha señalado que la norma incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. En este sentido, se requiere que, al menos, la mitad de los consejeros sean independientes. Además, se exige que todos los consejeros tengan conocimientos bancarios suficientes para ejercer su actividad. De haber sido antes así, según el ministro, "muchas circunstancias vividas se hubieran evitado".
El ministro ha recalcado que "se fortalece la incompatibilidad de formar parte de los órganos de gobierno, de modo que no sólo los cargos públicos sino también aquellos que tienen cargos en las organizaciones sindicales o empresariales no puedan formar parte de los mismos".
Asimismo se reduce la influencia de las administraciones públicas, hasta un máximo del 25%, en los órganos de gobierno, fundamentalmente en la Asamblea General.
Fundaciones bancarias
La vicepresidenta del Gobierno ha manifestado que las cajas de ahorros que tengan una participación en un banco se transformarán en fundaciones bancarias y tendrán una gestión muy profesionalizada en la que el Estado asumirá una importante labor del protectorado cuando excedan del territorio de una comunidad autónoma para garantizar, junto al Banco de España, una correcta administración de su tarea.
El ministro de Economía y Competitividad ha detallado que la futura Ley establece obligaciones generales para todas las fundaciones bancarias y otros requisitos "más estrictos" en función de su participación en la entidad de crédito.
Todas las fundaciones bancarias, sin excepción, están sometidas a rigurosos requisitos de gobierno corporativo. En particular, se impide que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad de crédito.
En cuanto al ámbito de actuación de la fundación bancaria, De Guindos ha avanzado que si su obra social se extiende más allá de una comunidad autónoma, el protectorado recaerá en el Estado, mientras que si su actividad principal se circunscribe a la comunidad, el Gobierno autónomo tendrá la responsabilidad y la competencia desde el punto de vista del protectorado.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
El Ejecutivo ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La vicepresidenta ha informado de que la norma pretende "mejorar la seguridad jurídica y acelerar los procedimientos judiciales". Para ello sigue las directrices del Libro Blanco de la Justicia, que pedía una mayor actividad e implicación de los procuradores en los procesos civiles y equipara sus funciones a las que tienen sus homólogos en el resto de Europa.
Al respecto, Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que la norma permite que los procuradores puedan asumir voluntariamente algunas de la labores de actos de comunicación y algunos actos de ejecución en los procesos para agilizarlos.
La vicepresidenta ha destacado que se producen cambios en el proceso verbal y en el juicio monitorio. En el juicio verbal se establece la posibilidad de introducir una contestación por escrito, así como se otorga a las partes la posibilidad de renunciar al trámite de vistas para agilizar el procedimiento.
En el caso de los procesos monitorios, el juez podrá examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato, previa audiencia de las partes.
Asuntos de actualidad
Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha anunciado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantendrá una reunión con los agentes sociales (CEOE, CPYME, CCOO y UGT) para abordar la situación económica y aspectos importantes pendientes de negociación con los sindicatos, como el factor de sostenibilidad, la reforma de las administraciones públicas y otros asuntos de la agenda europea.
También ha informado de que, el próximo 8 de mayo, el jefe del Ejecutivo comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar en detalle el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril.
Sáenz de Santamaría ha reiterado la "máxima voluntad de diálogo del Ejecutivo: "si hay acuerdos, bienvenidos", porque el objetivo es "trabajar intensamente para sacar a España de la crisis".
Preguntada por el ritmo de la reforma de la Administración, la portavoz ha desglosado algunas de las medidas ya adoptadas. Ha indicado que está pendiente la reforma de la administración local y ha admitido que tal y como está planteada no se "ha hecho nunca en España", "es muy difícil, exigirá mucha altura de miras" y "un cambio absoluto de mentalidad".
Sobre una futura subida de impuestos, la vicepresidenta y el ministro De Guindos, han destacado que la consolidación fiscal abordada por el Gobierno se ha hecho, en dos terceras partes por la reducción del gasto y en una tercera parte por la subida de impuestos. También han recordado que se mantiene la voluntad de reducir la carga fiscal en la medida que la evolución económica lo permita. No habrá modificaciones en las medidas impositivas fundamentales", ha resaltado De Guindos.
En relación con el Plan de Reformas, Luis de Guindos ha señalado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "le ha dado la bienvenida" y que no le cabe la menor duda de que también lo valorará positivamente la Comisión Europea.
Además, el ministro de Economía y Competitividad, ha destacado que, según las previsiones de la Comisión Europea sobre la economía española, la creación de empleo puede producirse con un crecimiento económico del orden del 1%, debido a los efectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
