Oviedo.--La Asociación de la Prensa de Oviedo, órgano colegiado de los periodistas en Asturias, UGT, CCOO y USO conmemoraron este viernes el Día Internacional de la Libertad de Expresión, con una concentración en la Plaza de la Escandalera de Oviedo, para denunciar "el constante aumento del paro en la profesión, que en Asturias ya alcanza el cuarenta por ciento, la precariedad laboral, la amenaza permanente de regulaciones de empleo y el ninguneo a los periodistas y a los medios de comunicación de los políticos con convocatorias de ruedas de prensa sin derecho a preguntar, las declaraciones enlatadas, los bloques electorales, las comparecencias a puerta cerrada, los vetos, las presiones y las querellas". Además de leer un texto de Manu Bravo, y de la lectura del manifiesto por la libertad de expresión a cargo de Javier Bauluz, ambos premio Pulitzer por su trabajo como corresponsales en escenarios bélicos, se dio lectura a una manifiesto leído por la periodista Marta Izquierdo, de la Cadena SER, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa

Manifiesto

La crisis lo está arruinando todo, a los ciudadanos, a las libertades y a un pilar fundamental de la democracia, a los periodistas y a los medios de comunicación, deteriorando la información en el más amplio sentido del término.

Los datos de empleo son demoledores. El año pasado batió el record de desempleados, con 11.000  parados registrados en las oficinas de todo el país y en Asturias, el informe anual de la profesión señala un incremento del 250 por ciento, lo que nos sitúa en que casi la mitad de los periodistas asturianos  en paro, un cuarenta por ciento.

La situación en el Principado afecta a todos los medios de comunicación. La tónica general son negociaciones de convenios colectivos con reducciones salariales del diez y del veinte por ciento en nóminas que en el mejor de los casos llegan a los mil euros mensuales, expedientes de regulación de empleo que afectan drásticamente a la masa salarial de los profesionales y a la calidad de la información diaria.

En prácticamente todos los medios se han reducido salarios y enviado al paro periodistas al término de su contrato, sin cubrir la vacante, por lo que son puestos de trabajo irremediablemente perdidos.

La tormenta laboral no amaina, al contrario, arrecia aún con más fuerza ya que este año comenzó con problemas en la Radio Televisión del Principado de Asturias, con despidos masivos de trabajadores de las productoras creadas a la sombra del ente público autonómico, con la presentación y posterior aplicación de la reducción  de jornada y salario en Radio Asturias, donde algunos trabajadores quedaron con salarios que no llegan a los ochocientos euros.

También se ciernen nubarrones en la delegación de Europa Press, donde ya han despedido a una periodista y las perspectivas de futuro son, en el mejor

de los casos, poco claras. Tampoco es alentador el panorama en la Cope, bajo mínimos en las distintas redacciones que tienen en Asturias y a la espera de noticias sobre el futuro.

El aumento del paro y la precariedad laboral, que en muchos casos roza la esclavitud, con jornadas que superan las diez horas, salarios de cuatrocientos euros y ofertas de trabajo en las que en los primeros meses no se percibe sueldo alguno, se sitúa por primera vez como el principal problema de la profesión. Le sigue las trabas y censura para el ejercicio del periodismo.

Los políticos y el poder financiero se empeñan en ningunear nuestro oficio con la convocatoria de ruedas de prensa sin derecho a preguntas, las declaraciones enlatadas, los bloques electorales, las comparecencias a puerta cerrada, los vetos, las presiones y las querellas. Nunca en democracia se habían dedicado a poner tantas barreras al trabajo de los periodistas y  a los medios de comunicación.

Estas presiones están afectando profundamente al quehacer diario en Asturias. A los ataques desde Foro Asturias a los periodistas de La Nueva España, llegando en ocasiones al insulto y a inmiscuirse en su vida privada; al acoso y derribo de La Voz de Asturias; al acoso político y económico a la Radio Televisión del Principado de Asturias; al cierre de la mayoría de las televisiones locales víctimas de la especulación de los empresarios, hay que añadir los problemas en el ejercicio de la profesión como los insultos de un diputado de Foro a un redactor de Televisión Española al no estar de acuerdo con preguntas que no le gustaron, la amenaza pública a otro redactor de Televisión Española por un sindicato minero durante la larga huelga del sector porque a su parecer no informaba adecuadamente y el juicio el próximo 7 de mayo a un periodista acusado de atentado contra la autoridad cuando cubría para un diario digital una concentración antitaurina en Gijón durante las fiestas de Begoña del pasado año. Pese a identificarse como periodista cuando acudió a informar sobre un incidente en la manifestación, la policía le detuvo y el fiscal pide ahora un año y medio de cárcel y una multa de setecientos euros.

La crisis económica e institucional coloca a los periodistas ante el resto de ejercer nuestra profesión con la máxima responsabilidad, como garantes que somos del derecho de los ciudadanos a recibir la información independiente y veraz que necesitan para ser libre y soberanos.

Esta responsabilidad nos obliga a contrastar los hechos, verificar las fuentes, huir del amarillismo que convierte al periodismo en mercancía barata, y respetar la presunción de inocencia, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Pero de poco serviría la responsabilidad del periodista si no viene acompañada del respeto máximo a la libertad de expresión por parte de los representantes públicos.

En este sentido, constatamos la existencia de serias trabas por parte de dichos representantes al ejercicio pleno de este derecho constitucional como si la crisis avivará la necesidad de levantar barreras, en una época en la que la gente aspira a no tener ninguna para acceder a la información.

A las trabas ya mencionadas antes, como las ruedas de prensa sin derecho a preguntas, hay que añadir el informe de la comisión de expertos que servirá de base al anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, y que presenta serios límites a los derechos de información y a la libertad de expresión.

Los que desde el poder presionan a los periodistas y a los medios de comunicación para censurar la libertad de información, que hoy reivindicamos con motivo del Día Internacional de la Libertad de Expresión, cuyo manifiesto leerá a continuación Javier Bauluz, saben que el derecho a la información es un derecho inalienable de todo ciudadano y que no hay una democracia sana sin una prensa plural e independiente.