Barcelona.-Agentes de la Policía Nacional han detenido a 145 personas e imputado a otras 275 por delitos de falsedad documental y fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo (SPEE). La cuantía de lo defraudado asciende a 7.806.708 euros. Empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería, habían sido creadas únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios. Entre los arrestados figuran administradores de las mercantiles ficticias y falsos empleados que habían pagado para ser contratados y así poder optar a las ayudas.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse 19 empresas inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social carentes de actividad laboral, real y efectiva. Con estas informaciones, recibidas del Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña, se llevaron a cabo averiguaciones y se solicitaron a la Tesorería General de la Seguridad Social datos relativos a las mercantiles investigadas.

Actividad cero

Del análisis de la documentación analizada y de los datos obtenidos en diferentes registros públicos, se ha podido determinar que la práctica totalidad de estas empresas, dedicadas supuestamente a actividades de construcción, servicios de limpieza y jardinería, se habían creado con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social, principalmente al Servicio Público de Empleo, mediante la obtención irregular de prestaciones o subsidios por desempleo. Solamente dos de las mercantiles investigadas habían tenido actividad real, aunque también habían sido utilizadas por sus administradores ilícitamente para los mismos fines. Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, las mercantiles tampoco satisfacían el pago de las cuotas de seguros sociales de los empleados dados de alta.  

Doble objetivo: prestaciones por desempleo y regularización

Con toda la información disponible, se solicitaron al SPEE los expedientes por desempleo de los trabajadores que presuntamente habían simulado una relación contractual con las empresas investigadas. La mayoría de estos contratos correspondían a personas extranjeras que, en muchos casos, además de obtener un beneficio económico percibiendo de forma irregular un subsidio, también pretendían regularizar su situación en España.

La cantidad defraudada asciende por el momento a 7.806.708 millones de euros, 4.821.246 de ellos por impagos a la Tesorería General de La Seguridad Social y 2.985.462 mediante subsidios percibidos ilícitamente del Servicio Público de Empleo Estatal. Por el momento no se ha podido cuantificar el montante total del fraude al SPEE, al estar pendiente el estudio de una parte de los expedientes de desempleo y las certificaciones individualizadas de lo cobrado indebidamente por cada uno de los “falsos trabajadores”.

Las investigaciones se han llevado a cabo por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF central (Comisaría General de Policía Judicial), de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.