20 sociedades pantalla, sin actividad real, eran utilizadas para conseguir documentación, dar de alta a trabajadores y también para blanquear los beneficios obtenidos
Por un precio entre 500 y 4.000 euros proporcionaban documentos válidos para que inmigrantes regularizaran su situación en España
En el caso de ciudadanos españoles ofrecían lo necesario para acceder a prestaciones por desempleo y distintas subvenciones del Gobierno
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 20 personas relacionadas con una red empresarial dedicada a vender falsos contratos de trabajo. Un empresario asentado en Toledo, su pareja y su hija lideraban la trama desarticulada. 20 sociedades pantalla, sin actividad real, eran utilizadas para conseguir documentación, dar de alta a trabajadores y también para blanquear los beneficios obtenidos. Por un precio entre 500 y 4.000 euros proporcionaban los documentos necesarios para que inmigrantes regularizaran su situación en España. En el caso de ciudadanos españoles ofrecían lo necesario para acceder a prestaciones por desempleo y distintas subvenciones del Gobierno.
A través de la red de empresas, se vendían contratos, nóminas, certificados de empadronamiento de distintas localidades y cualquier otro tipo de documentación que pidieran sus "clientes". El grupo criminal desarticulado estaba perfectamente organizado y jerarquizado. A la cabeza se encontraban un empresario, su pareja sentimental y su hija, ambas al frente de la oficina desde la que se centralizaban las operaciones. De igual modo, existía otro grupo de "socios" del principal investigado, con diversas sociedades a su nombre y dedicados tanto a captar nuevos compradores, como a facilitarles todo tipo de información y cobrar por los servicios.
Para colaborar en la captación de clientes, se delegaba en ciudadanos extranjeros encargados de atraer a personas de su misma nacionalidad. Este escalón obtenía una comisión por persona captada y permitía que la organización dispusiese de intermediarios de nacionalidad marroquí, venezolana, guineana, nigeriana o colombiana.
Las cantidades pagadas por dicha documentación oscilaban entre los 500 y los 4.000 euros, en función del tipo de documentos y de la capacidad económica del comprador. Los investigadores calculan el beneficio obtenido por la red en aproximadamente un millón de euros.
Arrestado con 6 móviles en los bolsillos
El empresario, cabecilla del grupo, disponía de su base de operaciones en la provincia de Toledo, aunque no figuraba ninguna propiedad inmobiliaria a su nombre. Tomaba enormes medidas de seguridad, sobre todo en sus comunicaciones, de hecho, en el momento de su detención portaba consigo seis teléfonos móviles.
La operación, en la que han sido investigadas 20 sociedades, ha culminado con la detención de 20 personas y el registro de 4 viviendas en Toledo. Se han intervenido varios sellos húmedos de diversos organismos oficiales como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o de diferentes Ayuntamientos de la provincia de Toledo; 28.000 euros en efectivo; más de un centenar de contratos de trabajo fraudulentos y una pistola del calibre 9 mm corto, entre otros efectos.
Las investigaciones han sido desarrolladas por el Servicio Central de Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF de Alicante, la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía Judicial y la BPED de Madrid.