Aunque sus defensores mantienen el latiguillo de que el Gobierno presidido por don Mariano Rajoy sólo lleva un año, la realidad es que hace ya año y medio que viene aplicando una política económica a todas luces nefasta para el interés vital de millones de españoles. Cuando menos de más de seis millones. El Ejecutivo español y el partido que sustenta su cómoda mayoría en el Congreso, las instituciones del Estado y los gobiernos autónomos, cotinúan achacando el aumento del paro y el empobrecimiento general de los españoles al expresidente Rodríguez Zapatero, argumento que ya causa risa a los ciudadanos que aún tienen humor para ello, y que se vuelve contra quien lo usa, pues si la responsabilidad de todos los males era del anterior presidente, quiere decir que ahora lo es del actual.

El pueblo español tiene la clara percepción de que los grandes ejes de la política económica del Gobierno han consistido en una reforma laboral que facilita despidos masivos y baratos, una subida de impuestos que alcanza hasta a los famosos chuches que Rajoy reprochaba a Zapatero y que se ve agravada por la subida coincidente de toda la 'sangría' doméstica --luz, gas, alquileres-- y la entrega de más de cien mil millones de euros a una banca a la que se consiente seguir gravando con tasas injustificadas y confiscatorias el simple hecho de tener una cuenta abierta. El resultado de todo ello es que se han capturado los ahorros de las clases medias y populares como un botín de guerra y la situación no mejora: empeora.

El Gobierno, por otro lado, trata de jugar al despiste con un talante de dudoso espíritu democrático, demonizando las protestas en la calle a fuerza de llamar terroritas y nazis a quienes las ejercen, una mercancía que sólo los nostálgicos de sus dos cadenas corifeas le compran, y, además, está a punto de meter a España en una fractura diabólica amenazando con devolver a la mujer a la condición de paridera tutelada, reintroduciendo la religión como asignatura obligatoria --aunque el Consejo de Estado le dice claramente que no--, privatizando la sanidad pública, subiendo las tasas universitarias al punto de hacerlas impagables para la mayoría de españoles con sueldos de mil euros o menos y, para colmo, elevando las tasas judiciales de modo que el acceso a la Justicia reparadora sea cosa de pudientes.

En el ecuador de su legislatura, prácticamente, en su particular Cabo de Hornos, sería deseable que el Ejecutivo español dedicase hoy su previsto "paquete de reformas" a medidas de estímulo de la Economía real. Si prosigue erre que erre en la senda actual logrará algo histórico pero con terribles efectos para todos. Cambiar el tradicional papel de la derecha en Europa, de llenar las arcas de nuevo tras las vacas flacas, por el de arruinar definitivamente la todavía undécima potencia mundial.