Ruiz-Gallardón ha destacado que, pese a las cinco enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de ley, todos los grupos parlamentarios, salvo UPyD, apoyan el aspecto que se presumía más controvertido de esta reforma: la elección de los vocales por las Cámaras.

En este sentido, ha hecho hincapié en la responsabilidad y generosidad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular que han renunciado al modelo de elección de los vocales del Consejo en busca de un consenso con los demás grupos parlamentarios, lo que en su opinión dotará a la regulación de estabilidad y será recompensado por la ciudadanía. El objetivo, ha recalcado, es conseguir una "continuidad" del Consejo "por encima de la alternancia política", por eso ha tendido la mano al resto de los grupos para alcanzar un acuerdo durante la tramitación parlamentaria.

El ministro, que se mostró convencido de que esta ley "ofrece un modelo válido para afrontar las necesidades de gobierno del Poder Judicial durante este siglo", se refirió a la situación actual de crisis para defender la necesidad de una reforma organizativa y estructural del CGPJ.

La ley que hoy inicia su tramitación parlamentaria prevé una mayor agilización del Consejo, tanto a la hora de ser renovado como en su funcionamiento y en su estructura, con un menor coste económico. Ruiz-Gallardón destacó, asimismo, la profesionalización con la que se dota al órgano de gobierno de los jueces gracias al cuerpo de letrados que incluye la norma.

Principales aspectos de la ley: Diez vocales cada Cámara

El texto fija que sean las Cortes quienes elijan por mayoría de tres quintos a los veinte vocales del CGPJ: el Congreso designará a cuatro juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional y a otros seis correspondientes al turno judicial, y el Senado a otros tantos.

Cuando el ministro informó el pasado 6 de julio al Consejo de Ministros del primer informe para la reforma de la LOPJ (realizado a partir de la propuesta de la Comisión institucional de expertos creada el pasado 2 de marzo), explicó que las dos fórmulas utilizadas hasta ahora para la elección de vocales son perfectamente constitucionales, tanto si las Cortes eligen a los veinte vocales como si solo se ocupa de ocho de ellos, dejando en manos de los propios jueces y magistrados la designación del resto.

El proyecto de ley pretende garantizar la representación de toda la carrera judicial en el órgano de gobierno de los jueces. Por ello cualquier juez podrá presentar su candidatura a vocal del CGPJ con la única condición de aportar el aval de 25 miembros de la carrera judicial en servicio activo o el de una asociación judicial. Cada juez o asociación podrá a su vez avalar a un máximo de 12 candidatos.

Todas las candidaturas (no un listado de 36, como hasta ahora) se remitirán a las Cámaras para que cada una de ellas proceda a la elección de los seis vocales de extracción judicial que le corresponden. En su designación, las Cortes procurarán respetar la proporción existente en la carrera judicial entre afiliados y no afiliados y, como mínimo, la proporción de tres magistrados del Tribunal Supremo, tres con más de 25 años de antigüedad, cuatro con menos y dos jueces.

Además, como ejemplo de esa independencia, ni sobre el presidente del Supremo ni sobre los vocales pesará deber alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones. No obstante, el proyecto de ley establece la comparecencia del presidente a fin de responder a las preguntas que se le formulen en relación a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los juzgados y tribunales que anualmente prepara el órgano de gobierno de los jueces.

La reforma prevé un sistema de renovación del Consejo que garantiza que se cumplan sin retrasos los plazos previstos por la ley para su relevo. Si el día de la constitución de este órgano una de las dos cámaras no ha procedido a la elección de los vocales que le corresponden, el Consejo se constituirá con los diez nuevos designados por la otra cámara y los diez que en su día eligió la que ha incumplido el plazo. El nombramiento de vocales con posterioridad no supondrá la ampliación de su cargo más allá de los cinco años del mandato del Consejo para el que han sido designados.

Todos en servicio activo

Todos los vocales del Consejo, salvo los seis que formen parte de la Comisión Permanente y el que sea nombrado vicepresidente del CGPJ, permanecerán en servicio activo en la Carrera Judicial o en el Cuerpo funcionarial al que pertenezcan o ejerciendo la actividad profesional que estén desempeñando en el momento de su nombramiento.

Es decir, que tendrán dedicación exclusiva los vocales que, junto con el presidente del Tribunal Supremo, integren la Comisión Permanente (tres procedentes de la carrera judicial y tres juristas a los que, en la medida de lo posible, se renovará anualmente) y el vocal que sea nombrado vicepresidente del CGPJ. Esos siete vocales más el presidente del Supremo serán, por tanto, los únicos que perciban una retribución. Los demás sólo cobrarán dietas por su asistencia al Pleno o a comisiones.

Podrán presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ los magistrados del Alto Tribunal con una antigüedad de al menos tres años en la categoría o juristas eminentes con más de 25 años de experiencia profesional. El presidente desarrollará su labor auxiliado por un vicepresidente del Supremo, elegido por el Pleno entre la terna que proponga el primero (los candidatos tendrán que tener categoría de magistrado del Supremo y reunir los requisitos para ser presidente de Sala). El vicepresidente del Supremo será quien sustituya al presidente en los supuestos de vacante, enfermedad o cualquier otro motivo en el Alto Tribunal. Ambos quedarán en situación administrativa de servicios especiales mientras desarrollan su labor (es decir, mantendrán la plaza que ocupaban en el momento de su designación y se les computará la antigüedad que generen en su nuevo destino).

El pleno del Consejo, además, elegirá un vicepresidente del CGPJ entre los vocales que lo forman. Sólo podrán ser elegidos los que sean magistrados del Tribunal Supremo. Auxiliará al presidente del Supremo y del CGPJ en caso de ausencia o enfermedad al frente del órgano de gobierno de los jueces. Quedará en situación de servicios especiales.