Madrid.-El presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, ha lanzado hoy varias cargas de profundidad al Gobierno de Mariano Rajoy y al Parlamento español para que, según los pregoneros de sus tesis, aprueben una Ley de penalización de la mujer y los médicos en caso de interrupción del embarazo, cualquiera que sea el supuesto, la derogación de la Ley que permite los enlaces entre españoles del mismo sexo y la vuelta de la religión a la Enseñanza como valor fundamental. Lo hace en el día en que el presidente del Gobierno de España visitaba al Papa y supone el inicio de una escalada mediática para la que desde los medios afines al sector más conservador de la Iglesia en España se vienen "calentando motores" hace meses.

Así, Rouco Varela ha señalado que

(sic) "Lamentablemente hemos de constatar que los problemas sociales a los que nos referíamos en la inauguración de la última Asamblea Plenaria siguen vivos. Persiste la crisis económica con su cortejo de paro -especialmente de desempleo juvenil- y de falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o a la debida atención a los ancianos y a los emigrantes. Persiste la  desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad, en especial, para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que se desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad.

Los pasos dados en estos meses hacia la resolución de estos graves problemas resultan todavía insuficientes. En particular, no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de Ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental. Durante los años de vigencia de la actual legislación, que se basa en el absurdo ético y jurídico de que existe un derecho de alguien a quitarles la vida a los seres humanos que van a nacer, en contra de lo que falazmente se había afirmado, el número de abortos ha seguido creciendo hasta alcanzar cifras escalofriantes. Es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente. Se ha de poner coto cuanto antes a este sangrante problema social de primer orden. No solo con medidas jurídicas proporcionadas a los bienes que se hallan en juego, sino también mediante la protección de la maternidad y el fomento de la natalidad. ¡España envejece y se debilita! Pero aunque no fuera así, una conciencia moral y cívica madura no puede permanecer impasible ante la conculcación legalmente amparada del derecho a la vida de un solo ser humano.

Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa; se trata de recuperar una definición legal de matrimonio que no ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social; se trata de proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación de filiación con un padre y una madre, o el de ser educados con seguridad jurídica como posibles futuros esposas o esposos. El legislador, también después de la sentencia del Tribunal Constitucional a este respecto, es libre de legislar de modo justo reconociendo esos derechos de los ciudadanos y, en particular, de los niños. No se trata de algo que supuestamente afectara solo a la vida privada de las personas. Está en cuestión la estructuración básica de la vida social. Sobre el gobierno y el legislador recae en este campo una grave responsabilidad propia y cierta, que no puede ser transferida ni eludida.

Se espera todavía una legislación más justa en lo que se refiere a la libertad de enseñanza y, en concreto, al efectivo ejercicio del derecho fundamental que asiste a los padres en la elección de la formación ética y religiosa que desean para sus hijos. El deterioro progresivo de la situación a este respecto, junto con la imposición de materias impregnadas de relativismo e ideología de género -imposición vulneradora del mencionado derecho fundamental- constituye, sin duda, una de las razones básicas del deterioro de la enseñanza en general y de que  buena parte de la juventud se halle tan carente de la formación humana necesaria para afrontar con éxito la vida personal, laboral, social y política"