Oviedo.-La Junta General del Principado reclamará finalmente al Gobierno de Cataluña la devolución de los archivos y documentos del patrimonio histórico asturiano que fueron expoliados en estos últimos años con la colaboración sumisa e injustificable del Gobierno español, lesionando, una vez más, los intereses y derechos de los asturianos.

La moción fue presentada por FORO y, aunque con matizaciones argumentales, aprobada por los distintos grupos políticos. En síntesis, se insta al Gobierno de Asturias a desarrollar todas las acciones que sean necesarias para

"la inmediata devolución al Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, de todos los documentos y otros efectos de la Guerra Civil relacionados con Asturias" que han sido entregados  a Cataluña.

La diputada ponente, María del Mar García Poo, desgranó en su intervención la secuencia documental del humillante expolio que está sufriendo el Centro Documental de la Memoria Histórica que contiene el archivo de la Guerra Civil Española, entre ellos muchos propiedad del Gobierno soberano de Asturias, así como de partidos, sindicatos y particulares asturianos que en la actulidad han pasado a propiedad catalana.

Fue al amparo de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil y custodiados en el Archivo de la Guerra Civil Española, y de sucesivas Órdenes Ministeriales de autorización dictadas en su ejecución, cuando se trasladaron a la Generalidad de Cataluña, desde el año 2006 hasta 2011, numerosos fondos documentales que estaban custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Siendo esto así, ha resultado que si bien el artículo 2.2 de la citada ley tan solo contemplaba el traslado a Cataluña de ‘los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña’, como digo, pese a la claridad de este artículo, resulta que han sido trasladados a la Generalidad inexplicablemente fondos documentales que podrían pertenecer a otras Comunidades Autónomas. Y entre ellos, fondos que forman parte del patrimonio documental asturiano.

El Ejecutivo de FORO realizó diversas gestiones, en primer lugar para disponer de la información precisa de cara a reclamar a la Generalidad de Cataluña la devolución de los documentos que, generados por instituciones públicas asturianas y que se encontraban custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, se trasladaron a Cataluña. Y ello por entender que estamos ante un asunto enormemente relevante para el patrimonio documental asturiano.

Razones más que justificadas exigen esta defensa; y entre ellas las de tipo legal. Nuestra propia Ley de Patrimonio Cultural insta al Principado a promover ‘las acciones precisas para garantizar la protección, el conocimiento e investigación, y, en su caso, obtener el retorno a la Comunidad Autónoma, de aquellos bienes que se encuentran fuera de su territorio vinculados a Asturias por razones históricas. Todo ello en el marco de la colaboración institucional y del respeto al ejercicio legítimo por las restantes Administraciones de sus competencias’. O su artículo 84, en relación a los documentos situados fuera de Asturias, que contempla la adopción de medidas para promover el retorno a la región de los mismos para su conservación y puesta al servicio de los investigadores, y sin perjuicio de las competencias que pudieran corresponder a otras Administraciones.

No es la primera vez que se desarrollan acciones desde nuestra Comunidad Autónoma en relación a los fondos incautados en Asturias y custodiados en el centro salmantino:

Fue en 2005 cuando el Gobierno de España decide la restitución a Cataluña de los fondos documentales incautados a la Generalidad. El Archivo Histórico de Asturias ya alertó entonces del peligro de que se trasladaran fondos públicos y/o particulares asturianos, por más que se encontraran de manera circunstancial en Barcelona por haberse incautado en dicha ciudad.

En el año 2008, se alertó de que había posibilidad de perder los documentos asturianos incluidos en la ‘Sección PS Barcelona’, y se indicaba que de acuerdo con la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural habría que reclamar para Asturias la totalidad de los fondos documentales que se encontraban en la actualidad en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

En septiembre de 2011, cuando diferentes medios de comunicación recogen noticias y protestas de los investigadores sobre las irregularidades que se estaban produciendo en el proceso de restitución y que afectaban en concreto al patrimonio documental asturiano, el anterior Consejero de Cultura solicitó información al Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, para confirmar la veracidad de lo denunciado. La respuesta en octubre es la siguiente: ‘Debo negar rotundamente la veracidad de las noticias difundidas’. Pero es que se realizaron más gestiones. Aquí relaciono los trámites hechos por el Gobierno de FORO:

-       En dos ocasiones el Consejero se dirigió al Director del Libro Archivos y Bibliotecas,

-       Solicitó varios informes y el propio Presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, escribió al Ministro de Cultura Wert nada más tomar éste posesión.

Hoy, los historiadores afirman que han salido más de 2.100 cajas del Archivo con cientos de miles de documentos, entre los cuales están documentos asturianos. Otras comunidades muestran igual preocupación que Asturias por la salida de documentos y al menos una anuncia acciones legales.

Posteriormente se tiene información de que el Gobierno de España ha vulnerado reiteradas veces, a favor de la Comunidad Autónoma catalana, la Ley 21/2005, de 17 de noviembre:

-       Se ha trasladado a Barcelona documentación que no había sido incautada en Cataluña, sino en otros territorios (PS Santander, PS Valencia, PS Madrid, PS Zaragoza, etc.).

-       Se ha trasladado a Barcelona documentación de personas y entidades no catalanas, por ejemplo la perteneciente a refugiados de Aragón, Asturias y Madrid.

-       Se ha entregado documentación de partidos políticos y sindicatos que expresamente se han opuesto a la salida de su patrimonio documental del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, en concreto el Partido Comunista de España (PCE) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT).

Especialmente relevante resulta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de este año, dictada con ocasión del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León contra la Ley 21/2005 anteriormente referida. Dicha sentencia señala que la transferencia de fondos documentales a la Generalidad no es incondicionada, sino que tiene como objetivo su restitución a los propietarios originarios o a sus sucesores, señalando también que ‘si la transferencia de los documentos se produce a los efectos de ser restituidos, y esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal’.

El archivo de titularidad estatal al que se refiere el TC es el Centro Documental de la Memoria Histórica, cuya función es la de custodiar este tipo de documentos y efectos, que estaban depositados en él antes de su traslado a Cataluña, por lo que carece de sentido pensar que los que no han podido ser entregados a sus propietarios o sucesores queden depositados en un lugar distinto del Centro, lugar al que deben ser restituidos.