El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la norma "introduce mecanismos de supervisión y transparencia en las políticas fiscales de todas las administraciones públicas españolas" y da cumplimiento a la directiva europea que establece la necesidad de contar con instituciones fiscales independientes.
En el mismo sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que "es un órgano que responde a la necesidad del Gobierno de reforzar la arquitectura institucional de España en pro de la estabilidad presupuestaria vigente en todas sus administraciones públicas". "Vamos a tener la autoridad fiscal más avanzada del mundo desarrollado", ha asegurado.
Montoro ha reiterado que el ámbito de actuación de esta entidad se extiende a todo el sector público, está dotada de independencia funcional y autonomía respecto a las Administraciones Públicas y tiene un régimen específico en atención a su carácter único y exclusivo: "Garantizará el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y contará para ello con un personal de la mayor experiencia y conocimiento" y contribuirá a "superar la crisis económica desde los parámetros de fiabilidad, de confianza".
Funciones
Cristóbal Montoro ha destacado que la tarea de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es "estar presente en la valoración del ciclo presupuestario en España de todas las administraciones públicas".
Entre sus funciones están elaborar informes y formular opiniones a iniciativa propia sobre las materias previstas en la ley; informar sobre las previsiones macroeconómicas, el programa de estabilidad presupuestaria y su ejecución, deuda pública y regla de gasto. También realizará informes públicos para valorar el establecimiento de los objetivos individuales de las comunidades autónomas.
Estructura y organización
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se adscribirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y dependerá directamente el ministro. Al frente estará un presidente, que contará con la asistencia de directores de división. Todos serán nombrados por el Consejo de Ministros entre personas con experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público.
Cristóbal Montoro ha resaltado que el presidente será elegido por tres años renovables por otros tres. Así, tendrá un mandato máximo de seis años, por lo que "no coincidirá con el final de las legislaturas" para así "garantizar su objetividad e independencia".
Seguridad Privada
El Gobierno ha analizado el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que tiene, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad privada y pública y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios no recogidos en la normativa actual.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la norma pretende "adaptar nuestra seguridad privada a los nuevos tiempos" y fijar una regulación integral de todo el sector "en términos más completos y adecuados a las actuales exigencias".
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha informado de que la nueva normativa regulará adecuadamente uno de los sectores con mayor auge empresarial en España, que facturó 3.600 millones de euros en 2011 y empleó a 90.000 personas.
La futura ley, según el ministro, pretende adaptar la normativa anterior, que data de 1992, para adaptarla al entorno tecnológico actual, y tiene como fin regular el sector de manera integral para que "la seguridad privada quede establecida como una actividad subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública". Para ello se establecen mecanismos intensos y eficaces para que la colaboración entre ambas quede garantizada.
Fernández Díaz, ha explicado que, para acabar con el intrusismo, la norma establece graves sanciones que pueden suponer el cierre de las empresas que infrinjan la normativa. Además, regula el acceso de las empresas de seguridad privada a la prestación de nuevos servicios y mejora la regulación de los existentes. Entre estos servicios, el ministro ha citado los de videovigilancia privada dentro de los inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas y la vigilancia perimetral de prisiones bajo la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La empresas de seguridad, los despachos de detectives y las empresas de formación se inscribirán en el Nuevo Registro de Seguridad Privada. La nueva ley incrementa, además, el control sobre la actividad de los detectives privados, que tendrán nuevas obligaciones como documentar los encargos en un contrato escrito y elaborar un informe donde constará el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos y que estará en todo momento a disposición del Ministerio del Interior.
El ministro del Interior ha asegurado que las investigaciones privadas tendrán carácter reservado y sólo se pondrán en manos del cliente que las encargó o de los órganos judiciales si lo solicitan.
Lucha contra la evasión fiscal
El Gobierno ha autorizado la firma del acuerdo entre España y Estados Unidos para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).
La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que se trata de un modelo acordado conjuntamente entre España, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y EEUU. Su objetivo es lograr un sistema multilateral de intercambio de información tributaria que potencie la lucha contra el fraude fiscal.
En cumplimiento de este acuerdo las entidades financieras de España y Estados Unidos deberán comunicar a sus autoridades fiscales información referente a contribuyentes del otro país firmante y, seguidamente, la información se intercambiará entre las autoridades fiscales, de forma automática y mediante un procedimiento estandarizado.
En opinión del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el acuerdo "constituye un hito relevante en el intercambio de información tributaria a nivel internacional". El ministro también ha saludado la decisión del Gobierno de Luxemburgo de aceptar el intercambio automático de información desde el 1 de mayo de 2015.
Sostenibilidad de las pensiones
El Consejo de Ministros ha aprobado la constitución del comité de expertos que analizará la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. La misión de este comité, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, es estudiar los factores que permitan mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones para garantizar su sostenibilidad en el futuro.
El comité lo componen doce expertos de reconocido prestigio, cuya labor se plasmará en un informe que será remitido para su debate en Pacto de Toledo.
Por otra parte, el Gobierno ha recibido el informe sobre las disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el primer trimestre de 2013. A 31 de marzo el Fondo de Reserva contaba con 63.469 millones de euros, lo que supone un 6,04 por 100 del Producto Interior Bruto.
Buen Gobierno en las entidades financieras
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican diversas normas en materia de requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito y otras entidades financieras.
Soraya Sáenz de Santamaría ha detallado que el Banco de España será el encargado de analizar los elementos de honorabilidad de los miembros del consejo de administración y otros titulares de funciones clave en las entidades bancarias.
Asuntos de actualidad
La vicepresidenta del Gobierno ha informado de que se está analizando la norma aprobada por la Junta de Andalucía sobre los desahucios para determinar sus condiciones de constitucionalidad. Además ha hecho un análisis comparativo entre las medidas adoptadas por la Junta andaluza y el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno sobre la misma materia del que concluye que, dada la similitud de ambas disposiciones, la Junta tendrá que explicar qué "añade a mayores" su iniciativa respecto de la norma del Ejecutivo, la cual ya impide el alzamiento de las viviendas y es de aplicación en todo el territorio nacional.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha insistido en que el año que viene "no van a subir los impuestos en España". Ha asegurado que tampoco "va a haber una recalificación de productos en los distintos tramos de IVA". Se actúa bajo los principios "equidad tributaria y no lastrar el crecimiento económico" y, a su juicio, elevar el tipo reducido que afecta al transporte, la hostelería y el turismo, perjudicaría la competitividad de nuestro país en "ámbitos en los que somos pioneros".
Por otra parte, Montoro ha explicado que la paga extraordinaria, que los empleados públicos no ingresaron el pasado mes de diciembre, no se ha eliminado, sino que será satisfecha a partir de 2015. Igualmente ha señalado que "no se van a reducir, ni total ni parcialmente, las pagas extra de 2013" a ese colectivo.
El titular de Interior ha calificado los denominados 'escraches' como actos "radicalmente antidemocráticos" que atacan la "inviolabilidad del domicilio y la ley de protección ciudadana". Por su parte, la vicepresidenta ha agradecido que las discrepancias sobre la gestión del Gobierno o la suya propia se hagan en "esta sede" o en "sede parlamentaria" porque su casa es el ámbito donde se desarrolla su vida personal y la de su familia.
FOTOGRAFIA: DIEGO CRESPO / MONCLOA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
