"Las viviendas propiedad de los bancos nacionalizados deben ponerse a disposición de las personas con un alquiler asumible", ha declarado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en la rueda de prensa celebrada por el grupo promotor de la ILP para la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social para denunciar que el proyecto presentado por el PP, que ahora se discute en el Parlamento, no da solución a la tragedia de cientos de miles de personas que pierden su vivienda y son condenados a la exclusión social.
Las viviendas propiedad de los bancos nacionalizados deben ponerse a disposición de las personas
Toxo, que ha comenzado su intervención con un sentido homenaje al escritor y economista José Luis Sanpedro, ha puesto como ejemplo de la utilidad de la movilización de “una sociedad que no se resigna a vivir secuestrada por los intereses financieros” la Iniciativa Popular Legislativa que ha conseguido más de un millón de firmas, el triple de las necesarias para ser admitida a trámite.
El secretario general de CCOO ha exigido que se admitan las tres reivindicaciones básicas de la ILP (dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social) para dar una respuesta real a los problemas que tiene la ciudadanía española. “El Gobierno, espero que el Congreso no, se ha situado al servicio de los poderosos en contra de la mayoría de la ciudadanía”, denunció tras calificar de “maquillaje” la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
En su opinión, las viviendas propiedad de los bancos nacionalizados deben ponerse a disposición de las personas con un alquiler asumible al tiempo que subrayó que "el sistema financiero no se va a hundir porque el Gobierno admita las propuestas de la ILP, máxime si, según el ministro de Economía, “los impagos hipotecarios en la morosidad bancaria representan apenas el 4%”.
Previamente la portavoz de la PAH, Ada Colau, demandó también que el Congreso atienda los requisitos básicos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, algo que no satisface el proyecto de ley que pretende aprobar el Gobierno, una “fusión” de la ILP y de las propuestas del PP que calificó de “ofensa a los afectados por los desahucios” y la ciudadanía que apoyó con su firma la iniciativa.
“Estamos escandalizados”, dijo Colau, para quien el proyecto es una operación de maquillaje, supone solo pequeñas modificaciones que no abordan el fondo de la cuestión. “No recoge los mínimos planteados por la ILP, no da solución a los problemas existentes”, advirtió, “es la propuesta del caos social, económico y judicial” que perjudica a los afectados por los desahucios y al conjunto de la sociedad.
Al igual que los secretarios generales de CCOO y UGT, Ada Colau pidió al PP y al Congreso que escuche a los ciudadanos: “Si creen en la democracia que dejen de escuchar a los intereses financieros y acepten las reivindicaciones mínimas de la ILP”, porque en caso contrario nos llevan a la ruina. “Que deje de escuchar a esos criminales y escuche a los ciudadanos", concluyó Colau.
