El pasado 22 de Octubre el Partido Popular  presentó en el Registro de la Junta General del Principado de Asturias la Proposición de Ley de Supresión de la Institución del Procurador General, argumentando para ello: la falta de antecedentes históricos, que por otra parte, contradictoriamente no parecieron ser un impedimento para su constitución, aprobada por unanimidad en diciembre 2005.

Se plantea la duplicidad de Competencias con el Defensor del Pueblo del Estado, aunque mediante la Ley (5/2005 de 16 de diciembre) se procede a completar y perfeccionar los instrumentos de autogobierno del Principado de Asturias, cuya planta se ve enriquecida con esta nueva figura del Procurador General del Principado de Asturias, caracterizada como órgano auxiliar del Parlamento y alto comisionado del mismo, que asume la defensa de los derechos y libertades reconocidos en el Título Primero de la Constitución y competente a tal fin para supervisar la actividad de muy diferentes sujetos públicos. La actuación del Procurador General del Principado de Asturias asegura la existencia de un nuevo control externo, orientado tanto a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, como a la corrección de los supuestos de mala administración.

 Se argumentan razones presupuestarias;  pero estas no son significativas en relación al Presupuesto General para el 2013.

Trece entidades sociales invitadas: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, Amnistía Internacional, Unión de Consumidores de Asturias, Plataforma por la Sanidad Pública, Coordinadora de ONGD de Asturias, Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias, Accem, Cáritas Asturias, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Fundación Secretariado Gitano Y Fundación SILOÉ)  comparecen en La Comisión de Presidencia de  la Junta General del Principado de Asturias  el 4 de marzo, argumentando y  apoyando a la institución del Procurador General.

(http://www.codopa.org/v_portal/apartados/pl_basica.asp?te=493)

En respuesta a los planteamientos de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista, Foro Asturias y el Diputado de UPyD de; se crea  LA INICIATIVA POR LA DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL  DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS que presentamos hoy, integrada por las entidades abajo firmantes, que estamos en contra de la propuesta de supresión de dicha Institución. No entendemos que lo que era conveniente y necesario en el 2005, a pesar de que se ensalza desde entonces su labor, su función de `proximidad, inmediatez y control” y la aplicación de criterios de independencia y transparencia,  contradictoriamente hoy parece no ser válido, todos los informes de actuación  que se han presentado anualmente en el Pleno de la Junta General  jamás se han reprobado. Es ciertamente una paradoja que la eliminación de este alto comisionado del Parlamento Asturiano la promueva el propio Parlamento, amputándose así uno de sus instrumentos más relevantes.

La institución del Procurador  General ha sido desde su creación, un instrumento cercano que garantiza la protección de los derechos de aquellas personas y/o grupos más vulnerables, firmando convenios de colaboración con las entidades, recogiendo y tramitando quejas, garantizando los derechos constitucionales, realizando investigaciones de oficio en cuestiones de interés social, emitiendo informes a petición del Parlamento o recomendando a las diferentes administraciones públicas, en materias tan importantes para la ciudadanía como el Salario Social, la Ley de la  Dependencia  o ante los desahucios hipotecarios, entre otras funciones.

En este sentido consideramos que la defensa de los derechos  y libertades de las personas, debe ser prioritaria por encima de cualquier otro interés, tanto para las instancias gubernamentales como para las administraciones públicas.

Por todo ello, las razones que se esgrimen para la supresión de esta Institución,  no las apoyamos; Se argumenta que hay que evitar duplicidades, que ya existe el Defensor del Pueblo y que se creará una Comisión Parlamentaria en la Junta General, pero las firmantes creemos, que los principios de proximidad, inmediatez e independencia desaparecerán si se elimina esta institución. Nos argumentan la nula rentabilidad económica y los costes,  pero prestar atención y garantizar los derechos de las personas y/o grupos más vulnerables es una obligación de los poderes públicos.

Así pues la supresión de la Institución del Procurador General supondrá para los asturianos y las asturianas

1.- La pérdida de una institución garantista de derechos y libertades que proteja especialmente a las personas más débiles y que lo hace además desde la inmediatez y la proximidad.

2.- La pérdida de una institución de control independiente.

3.- Y por último la pérdida de amparo legal de quienes en estos tiempos de crisis, más lo necesitan.

Por todo ello INSTAMOS a los Grupos parlamentarios que reconsideren su postura y apelamos a la coherencia política y legislativa de nuestra Comunidad Autónoma, atendiendo el sentir de las organizaciones  que consideramos  fundamental el mantenimiento de la Institución del Procurador General del Principado de Asturias.