El Gobierno del Principado ha aumentado este año la partida destinada al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales en más de 600.000 euros, ya que pasó de 25.260.000 euros en 2012 a los 25.870.000 que se han presupuestado este año, según destacó hoy la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz.
Díaz recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy fue la única administración que redujo sustancialmente (un 42%) su aportación al plan concertado para la prestación de servicios sociales básicos, mientras que el Principado y las entidades locales la incrementaron ligeramente, una realidad que conocen perfectamente los dirigentes del Partido Popular y de Foro Asturias, a los que acusó de hacer “un frente común para intentar desacreditar las políticas sociales del Gobierno de Asturias”.
La consejera negó de forma tajante las críticas realizadas por varios ayuntamientos asturianos gobernados por PP y Foro en las que acusaban a su consejería de haber elaborado el plan concertado sin contar con los servicios municipales, y aseguró que tanto ella como todo su equipo negociaron su elaboración con los ayuntamientos asturianos.
La consejera, que ofreció hoy una rueda de prensa junto con las directoras generales de Atención a la Dependencia, Clara Costales, y de Vivienda, Ana Rivas, aseguró que los populares asturianos “quieren tapar sus vergüenzas por los recortes de Mariano Rajoy en dependencia y en la financiación a los ayuntamientos, y lo que recorta en Madrid lo reclama en Asturias”. Mientras que a los responsables de Foro Asturias, los acusó de utilizar sus críticas a la política social del Principado como un modo de ocultar su “absoluta incompetencia en la gestión que realizó durante el año escaso que estuvo al frente del Gobierno asturiano”.
El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales permite financiar los programas de ayuda a domicilio y teleasistencia a personas sin dependencia reconocida, los de incorporación social para beneficiarios del Salario Social, las ayudas de emergencia y alojamiento alternativo y aquéllos dirigidos a mayores, además del personal encargado de prestar los servicios. Cada ayuntamiento decide la cantidad que se destina a cada uno de esos programas.
