El Gobierno de Rajoy ha recortado en más de 14 millones su aportación a los servicios sociales en Asturias

La escasez de financiación estatal afecta a la dependencia, los planes concertados y al servicio de teleasistencia municipal

La ayuda a domicilio ordinaria, prestada por los ayuntamientos y dirigida a personas no dependientes, se equipara a la de las personas con dependencia reconocida en su grado mínimo

Asturias.-Un total de 15.566 personas reciben actualmente una prestación o un servicio en Asturias al amparo de la Ley de Dependencia, según los datos que ha facilitado hoy la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, en la Junta General del Principado. Estas son las cifras obtenidas a finales de marzo, tras actualizar el número de expedientes incluidos en el registro informático del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD), un proceso que se ha compatibilizado con la incorporación de nuevos beneficiarios.

La consejera ha destacado ante la Comisión de Bienestar Social que el Servicio de Atención a la Dependencia prácticamente ha completado la mecanización de expedientes en el registro del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD) y que únicamente quedan algunos por grabar por causas técnicas.

En septiembre de 2012 había 2.500 expedientes que no tenían reflejo alguno en las estadísticas mensuales del Imserso porque no estaban dados de alta en la aplicación informática del SISAAD. Esta situación provocaba que el Principado dejara de ingresar, por parte del Estado, el nivel mínimo garantizado correspondiente a dichos expedientes, que ahora comenzará a recibir. En el mes de octubre, parte del personal  del Servicio de Atención a la Dependencia se dedicó a poner al día el registro.

Por otro lado, Esther Díaz ha cifrado en más de 14 millones de euros el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy en su aportación a los servicios sociales en Asturias, que se ha aplicado a la dependencia y los planes concertados, al tiempo que se ha suspendido la contribución económica al servicio de teleasistencia municipal.

La titular de Bienestar Social ha mostrado su “perplejidad” por la actitud del PP asturiano, ya que mientras el Gobierno de Rajoy aplica los citados recortes sociales, “los dirigentes del partido en Asturias demandan a nuestro Gobierno que los cubra”. En este sentido, ha añadido que, a pesar de las grandes dificultades económicas que existen, desde el Principado se ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para minimizar el impacto de los recortes.

Respecto a los Planes Concertados de Servicios Sociales Básicos con los ayuntamientos, Díaz ha explicado que se han introducido cambios en su estructura por dos razones. Por un lado, por la necesidad de separar los servicios sociales básicos de los servicios especializados de la dependencia y, por otro, para buscar fórmulas que permitan paliar los recortes en la Ley de la Dependencia que, entre otros, suponen la eliminación de la compatibilidad de ciertos servicios.

En el documento-borrador del convenio del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos que se ha remitido a los ayuntamientos se incluye una cláusula que limita a 20 horas mensuales el servicio de ayuda a domicilio ordinario, es decir, aquel que prestan los ayuntamientos a personas no dependientes. El objetivo es que, de forma general, los beneficiarios reciban un número de horas de ayuda a domicilio similar o igual al de aquellas personas con dependencia reconocida en su grado mínimo (Grado I), “porque de lo contrario provocaríamos un serio agravio comparativo y estaríamos haciendo decaer los objetivos de la ley”, ha explicado la consejera.

No obstante, ha precisado que “habrá excepciones que se aplicarán a casos graves y urgentes y especialmente en tanto se tramite el reconocimiento de la dependencia y el Programa Individual de Atención”. Los equipos técnicos municipales y autonómicos serán quienes deberán consensuar el aumento de la intensidad de la prestación de servicio de ayuda a domicilio en esos casos excepcionales.

Díaz ha recordado que si este servicio no se presta a través de la Ley de la Dependencia, el Gobierno de Rajoy “prácticamente se libraría de su financiación”,  dado que lo que aporta el Estado a los planes concertados supone el 2% del total. Además, la consejera considera que se caería  “en la trampa del Gobierno de España de acabar con la Ley de la Dependencia, ya que nosotros queremos que quien necesite de este servicio y se vea impedido para realizar sus actividades de la vida cotidiana se acoja a los beneficios de esta ley, que para ello establece su derecho”.