El diputado asturiano presenta una nueva batería de preguntas en las que pide explicaciones sobre seguimiento médico, evolución sanitaria, indemnizaciones, protección social y medidas adicionales de prevención para los trabajadores
Gaspar Llamazares, diputado de IU de Asturias, registra una nueva batería de preguntas al Gobierno, después de conocerse el informe oficial del Instituto Asturiano de Prevención y Riesgos Laborales, sobre las medidas que piensa adoptar ante el envenenamiento de más de un centenar de trabajadores por mercurio en la factoría de AZSA. Llamazares, que considera éste el accidente por mercurio más grave de los producidos en el mundo desde 1993, exige al Gobierno que responda sobre si piensa profundizar y aclarar las causas del accidente, qué responsabilidades piensa el Gobierno exigir a la empresa por la vulneración de las normas de prevención de riesgos y por su falta de colaboración con la investigación del accidente y de sus consecuencias, qué medidas de seguimiento médico están previstas para los trabajadores afectados por la intoxicación y qué garantías de indemnización y protección social ofrece el Gobierno a los trabajadores afectados.
Del mismo modo, el diputado asturiano demanda saber qué medidas adicionales de prevención y control de riesgos va a poner en marcha el gobierno en AZSA y en todas las empresas españolas que utilicen mercurio en sus procesos productivos, para evitar que este tipo de accidentes se vuelvan a producir y conocer cuál es su valoración de las circunstancias del accidente y sus consecuencias sanitarias, además del informe del Instituto Asturiano de Prevención y Riesgos Laborales y si piensa incorporar el Gobierno las conclusiones de las Universidades de Oviedo y de Castilla-La Mancha.
Por último, Llamazares interroga al Gobierno sobre si entre sus previsiones está el encargar al Instituto de Toxicología Carlos III algún estudio sobre la intoxicación de los trabajadores de IMSA y AZSA y sobre la evolución sanitaria de los mismos y la posibilidad de que sean considerados como enfermos crónicos.
El diputado detalla en la argumentación de las preguntas que el informe del Instituto Asturiano de Prevención y Riesgos Laborales dictaminó que en AZSA “parece existir un riesgo de exposición a mercurio insuficientemente controlado y que resulta evidente que no se previó la elevada cantidad de contaminante que a nuestro juicio existía de forma indubitada”. También añade el mencionado informe que “en el procedimiento de trabajo elaborado por IMSA, no se establece la necesidad de efectuar mediciones ni de emplear protecciones respiratorias frente al mercurio más que en las operaciones en caliente”, y que “existían concentraciones notablemente altas de mercurio, habida cuenta de los valores biológicos de dicho metal encontrados en los trabajadores accidentados”.
Por otro lado, también el informe elaborado por el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, efectuado a instancias de AZSA, reconoce la presencia de mercurio y otro informe del Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha establece que el mercurio está presente en todas las muestras biológicas analizadas. Los análisis realizados a los trabajadores afectados muestran que cuando se les da de alta porque los niveles de mercurio bajan, luego estos niveles vuelven a subir, por lo que podrían ser considerados como enfermos crónicos.