Sudán del Sur debe comenzar su independencia, el próximo 9 de julio de 2011, tomando medidas clave para impulsar una sólida agenda de derechos humanos, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch hoy. Tres de tales medidas son la declaración de una suspensión de la pena de muerte, la excarcelación de quienes continúen recluidos injustificadamente y la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Son enormes los retos que tendrá que superar Sudán del Sur, región asolada por el legado de la prolongada guerra civil y el grave subdesarrollo. Pero el gobierno puede y debe tomar varias medidas a corto plazo para garantizar la protección, el respeto y la promoción de los derechos de sus ciudadanos en seis áreas, han explicado Amnistía Internacional y Human Rights Watch en una agenda de derechos humanos para Sudán del Sur, South Sudan: A Human Rights Agenda, publicada el 30 de junio de 2011.

“Sudán del Sur debe celebrar su independencia mostrando un firme compromiso con los derechos humanos para todas las personas, en especial las mujeres y los niños y niñas”, ha señalado Daniel Bekele, director de Human Rights Watch para África. “Al tomar las medidas expuestas en la agenda de derechos humanos para Sudán del Sur, los líderes del nuevo país transmitirán una poderosa señal a un pueblo que lleva decenios sufriendo abusos y desatención”.

La región semiautónoma de Sudán del Sur obtuvo su independencia por medio de un referéndum de autodeterminación celebrado en enero, en virtud del Acuerdo General de Paz de 2005, que puso fin a 22 años de guerra civil en Sudán. La región va a declarar su independencia el próximo 9 julio, cuando pasará a ser el 54º Estado de África.

Una de sus prioridades ha de ser garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por militares, policías y miembros de otras fuerzas de seguridad. Desde el referéndum de enero han aumentado los combates entre las fuerzas del gobierno, el Ejército de Liberación Popular de Sudán, y grupos armados de oposición, y los militares han cometido graves abusos de derechos humanos, incluidos homicidios de civiles y saqueos y destrucción de bienes civiles.

La policía también se ha visto implicada en violaciones de derechos humanos y problemas de la administración de justicia que se producen a diario, incluidas detenciones arbitrarias.

“El gobierno debe demostrar su compromiso de combatir la creciente cultura de impunidad que rodea los abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad”, ha manifestado Bekele. “Debe asegurarse de que los soldados y sus oficiales, así como la policía, conocen y comprenden sus obligaciones y rinden cuentas de los abusos.”

Ambas organizaciones han instado también a que se tomen medidas para promover la libertad de expresión, asociación y reunión. Durante las elecciones de Sudán de abril de 2010, fuerzas de seguridad del sur hostigaron y detuvieron a personas consideradas contrarias al grupo político gobernante, el Movimiento de Liberación Popular de Sudán, incluidos periodistas y miembros de partidos. Ambas organizaciones han documentado casos de periodistas sometidos por personal de seguridad a hostigamiento y detención por criticar al gobierno.

“El respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión es esencial para el nuevo Estado”, ha afirmado Erwin van der Borght, director de Amnistía Internacional para África. “El gobierno debe expresar públicamente su compromiso con estas libertades esenciales y dejar de detener a periodistas arbitrariamente.”

Dadas las deficiencias crónicas del sistema de justicia, las organizaciones han instado también al gobierno a declarar una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena capital y conmutar todas las condenas de muerte.

Las deficiencias de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del sistema de justicia facilitan la detención arbitraria y la prisión preventiva por tiempo prologando. Es frecuente juzgar y recluir a menores junto con adultos y encarcelar a los enfermos metales sin ninguna base legal para ello ni proporcionarles tratamiento.

“La declaración de una suspensión de las ejecuciones es una prioridad inmediata para los derechos humanos, especialmente en un país donde el respeto de las más estrictas normas del debido proceso no están garantizado”, ha señalado Van der Borght.

Para abordar las deficiencias del sistema de justicia, el nuevo gobierno debe revisar sin demora el caso de cada persona recluida a fin de determinar la necesidad y legalidad de su persistente reclusión, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Aunque se espera que Sudán del Sur siga aplicando los diversos tratados de derechos humanos ratificados por el gobierno de Jartum, la nueva nación debe ratificar también otros instrumentos de derechos humanos, como la CEDAW, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Ambas organizaciones han pedido también a los líderes del sur que apliquen una política de tolerancia cero ante el matrimonio forzado y prematuro y la violencia de género. El gobierno debe elaborar con urgencia una estrategia nacional sobre estas dos cuestiones que incluya medidas de formación intensiva de los líderes tradicionales a cargo del derecho consuetudinario

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