El director general de Pesca considera la medida perjudicial para las flotas de bajura

·        El Comité de Coordinación Pesquera del Cantábrico y Noroeste analizó hoy en Gijón la situación del sector

La Dirección General de Pesca Marítima del Principado de Asturias mantiene su oposición a la orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el reparto de los derechos de pesca transmisibles. Así se ha puesto hoy de manifiesto durante la reunión del grupo de trabajo Cantábrico y Noroeste, celebrada en Gijón, entre los responsables de pesca de Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco y el ministerio, donde se abordó la pretensión de un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste.

El director general de Pesca Marítima de Asturias, Alberto Vizcaíno, mostró su oposición a que se abra la posibilidad del reparto de los derechos de pesca transmisibles por considerar que “será perjudicial para las flotas de bajura” y que, en general, tendrán efectos negativos. En su opinión, la propuesta del ministerio conllevará el desplazamiento de los derechos y su concentración en pocas manos, la desaparición de la actividad en algunos puertos y la incapacidad de las administraciones para controlar el flujo de esos derechos cuando entran en el mercado “porque la  ley no contempla ningún mecanismo de control”.

Otro de los puntos abordados hoy por Comité de Coordinación Pesquera del Cantábrico y Noroeste ha sido el desarrollo de la campaña de caballa. Todos se mostraron satisfechos por la coordinación entre todos los servicios de inspección para que se cumpla el cupo previsto. No obstante, se consideró precipitado sacar conclusiones mientras no esté cerrada la costera. En este momento hay un cierre precautorio para el arrastre hasta que se recopilen los datos y se prevé una próxima apertura.

Por otro lado, los responsables de Pesca de las comunidades del Cantábrico y Noroeste y el subdirector general del Caladero Nacional y Aguas Comunitarias del ministerio, Borja Velasco, dejaron patente “que no hay desajustes” entre las diferentes administraciones a la hora de llegar a puntos de acuerdo en el comité de coordinación. Así, acordaron ampliar los planes de ajuste del sector pesquero, que suponen un compromiso entre comunidades y la administración del Estado para financiar los desguaces de embarcaciones que pescan en caladeros con recursos más escasos, y considerarlos como planes globales que afectan a todo el caladero.

Asimismo, también se ha acordado un protocolo de colaboración entre comunidades para que los armadores que hayan pedido una ayuda pública para la modernización de barcos puedan realizar la inspección en cualquiera de las comunidades en las que esté pescando y no sólo en aquella a la que pertenezca. Hasta ahora, si estaba pescando fuera de su comunidad no se podía realizar la inspección por parte de los técnicos o la embarcación tenía que volver a su comunidad con la consiguiente pérdida económica para el armador.