Sin duda, los silencios son, igual que las palabras, parte de la materia prima que configura la opinión pública. Pero todos somos conscientes de que resulta más fácil contribuir a crearla cuando hablamos y actuamos. Por respeto a esta Institución parlamentaria, no me he permitido responder públicamente a los agravios que he recibido. Pero hoy, ante este órgano de Gobierno de la Cámara, quiero manifestar mi más profundo malestar ante los intentos de desautorizar y desacreditar a quien ejerce su labor de servicio a la Junta General del Principado como Presidente.
Para quien no muestra respeto a los ciudadanos, ni a la Institución en la que se encuentran representados, y solo pretende confundir y manipular la opinión pública, nada resulta más sencillo que acusar en falso. Tratar de hacer creible la mentira repetida es una vieja estrategia que a algunos les sigue pareciendo útil. Y ventajosa, cuando – como en el caso que nos ocupa- supone una oportunidad de desviar la atención de los ciudadanos hacia quien, por la responsabilidad de su cargo y por respeto, se autoimpone el corsé de la imparcialidad y ha ofrecido, en estos meses al frente de la Junta General del Principado, reiteradas muestras de su voluntad de consenso y su vocación de conciliar distintas posiciones, habiendo manteniendo una actitud de neutralidad que le impide ser sujeto activo en el debate político de este Parlamento, a pesar de las reiteradas provocaciones.
Comprenderán que no resulta fácil declinar la invitación de los medios de comunicación cuando se trata de defenderse, con la verdad, de un ataque tan injusto como el que he sufrido en las últimas semanas. La única declaración publica sobre este asunto
que ustedes, y los ciudadanos de Asturias, me han escuchado expresaba mi confianza en un informe encargado al Letrado Mayor. Un documento que, como yo suponía, ha sido expresivo y clarificador, pero que no ha servido –aquí me equivocaba- para rectificar la agresiva actitud de quienes, a pesar de las evidencias, -o tal vez, por ellas- han sostenido una intrigante campaña de acoso hacia la Presidencia.
El primer deber de un Presidente tiene un enunciado sencillo: velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en los órganos de esta Cámara. Y eso hacía al pedir aclaraciones sobre las retribuciones por kilometraje reflejadas en las nóminas de diputados de distintos grupos parlamentarios.
En la noche del jueves 21 de marzo, el informe del Letrado Mayor, cuya objetividad e independencia están más que contrastadas, dejó patente que este Presidente no hizo en modo alguno un uso indebido de los datos que conoce por razón de su cargo. Aclaró que el proceder de la Presidencia había sido oportuno y adecuado y que ya en la anterior legislatura los Servicios de la Cámara habían advertido al diputado Don Alfonso Román López González sobre sus declaraciones de kilometraje . Dejó constancia también de que los datos sobre sus retribuciones aparecidos en los medios de comunicación no coincidían con los reales, con los obrantes en la Cámara.
No hubo, por tanto, ninguna filtración desde la Presidencia. Lo que hubo fueron no una sino varias declaraciones públicas erráticas y mendaces por parte de ese diputado, que había sido advertido en enero de este año- una vez más- por los Servicios de la Cámara y que- como hemos sabido los miembros de la Mesa- sólo recibieron de su parte una displicente respuesta.
Las mismas advertencias, realizadas por los servicios de la Cámara en la misma fecha, permitieron, sin embargo, subsanar otras anomalías que afectaban a algún otro miembro del mismo grupo parlamentario. Estas gestiones fueron conocidas tanto por la Portavoz como por el Vicepresidente Segundo.
Este Presidente asume que, como cualquier otro cargo público, está naturalmente sometido a la crítica, cuyo ejercicio, por incisivo que sea, forma parte de la normalidad democrática y contribuye a la formación de una opinión pública bien informada. Pero, en un Estado de Derecho, las acusaciones, también las de índole política, deben respetar las garantías que lo definen y con las que son enteramente incompatibles imputaciones basadas únicamente en el infundio y la calumnia, impropias de un sistema democrático.
Finalmente, estoy seguro de que no esperan que atienda la petición de dimisión. Hasta quienes la piden saben que he cumplido escrupulosamente con mi deber. Soy responsable de lo que digo, de lo que callo y de lo que firmo; y asumo que presidir esta Institución conlleva no solo representarla con dignidad sino, sobre todo, un compromiso firme de preservar su razón de ser y su prestigio. Y eso exige -más que nunca, en estos tiempos- una gestión eficiente, transparente y honesta, acorde con las expectativas y los legítimos intereses generales de la ciudadanía.
