El diputado de FORO ha actuado de portavoz del Grupo Mixto en la Junta de Portavoces del Congreso, por primera vez en representación de un partido asturiano
Madrid. El diputado de FORO, Enrique Álvarez Sostres, ha participado hoy, actuando como portavoz del Grupo Mixto, en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, que hasta ahora nunca había contado entre sus integrantes con un representante de un partido político de ámbito asturiano.
En esta sesión histórica para FORO se ha aprobado el orden del día para el Pleno de la Cámara Baja que se celebrará la próxima semana, y que incluirá la comparecencia del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para informar sobre el Consejo Europeo celebrado los días 14 y 15 de marzo. Sostres intervendrá en ese punto del debate, en el que se va a mostrar “crítico con las decisiones de la cumbre europea y con las consecuencias que pueden acarrear a los ciudadanos las medidas adoptadas para un Estado miembro como Chipre”, anunció.
El diputado de FORO considera que es “intolerable el quietismo y la ausencia de explicaciones a la ciudadanía y al Parlamento por parte de Rajoy ante decisiones de la UE que perjudican a España, en beneficio de Alemania, y quiebran los principios de seguridad jurídica y de confianza financiera, pues tratan de renovar financieramente un sistema a costa de los ahorradores e inversores, lo que en último caso puede poner en duda la solvencia misma del euro. Y ante todo esto, el Presidente de España no ha dicho ni media”.
Entre los puntos más importantes que la Junta de Portavoces ha acordado llevar al Pleno de la próxima semana están también la convalidación o derogación de dos decretos-leyes, uno de 15 de marzo de de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo; y el otro de 22 de marzo de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Sobre este último asunto, Álvarez Sostres expresará su aceptación “a que se tutelen los intereses de los titulares de activos financieros como las preferentes”, pero dejando claro que “en determinadas condiciones que no afecten negativamente a la liquidez de los mismos”.