Alonso: “Queda en evidencia que en Asturias no ha habido un exhaustivo control del gasto público y es necesario dotar de manera urgente de personal suficiente a la Intervención General”
- “Los contratos menores son un perfecto coladero para los gestores despiadados y depredadores de lo público”
Oviedo. La diputada y portavoz de Hacienda de FORO en la Junta General, Teresa Alonso, ha manifestado hoy que “la Resolución de 12 de marzo de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2013, es una tramitación hecha con urgencia, puesto que la resolución del Consejo de Gobierno apenas había sido aprobada 48 horas antes, lo que interpretamos como una inequívoca señal de arrepentimiento del mal hacer que los anteriores gobiernos socialistas tienen en esta materia”.
Explica Alonso que “en materia de Control Financiero Permanente no se incluye la previsión expresa del control de los contratos menores, ya que el Plan pasa por alto este extremo, limitándose a mencionar controles de contratación administrativa, sin más. Es decir, no se incide en la necesidad de poner el énfasis del control en detectar y evitar los abusos que se cometen con los contratos menores. Además, y esto es muy importante, esta limitación del Plan de Control Financiero Permanente afectará a todo el SESPA, que es la parte de la Administración del Principado que tramita el mayor número de contratos. También se deja sin este control el IDEPA, para el que se prevé exclusivamente el control financiero de subvenciones, nada más. En resumen, más de lo mismo, de descontrol interno institucionalizado”.
Por todo ello, aseguró, “queda en evidencia que en nuestra comunidad autónoma no ha habido un exhaustivo control del gasto público y es necesario dotar de manera urgente, no solo de los máximos controles en aras al rigor y transparencia, sino de personal suficiente a la Intervención General, con profesionales de carrera especialistas en intervención y auditoria”.
En el último Pleno de la Junta General, la diputada de FORO indicó, en debate con la Consejera de Hacienda y Sector Público, que “la Intervención General, por medio de las Intervenciones Delegadas, auditará por muestreo los contratos menores satisfechos a lo largo de 2013. El diseño de la muestra y el alcance del control se determinarán por la Intervención General. Francamente, mi Grupo entiende que algo tan importante y que preocupa a los asturianos jamás ha sido objeto de un tratamiento tan lacónico”.
Así, añadió, “en primer lugar, no indica cuál es el universo de los sujetos controlados –si son Consejerías, sociedades, fundaciones–; en segundo lugar, no especifica el universo controlable, es decir, el término ‘contrato menor’ sólo es obligatorio en la Administración Pública y no para el resto de entes que forman parte del sector público regional de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por ejemplo, si el nombre de esta modalidad de contratación utilizada por una empresa pública es distinto –como procedimiento abreviado, procedimiento directo, etcétera–, automáticamente queda fuera del mandato contenido en este plan que sólo se refiere a contratos menores. Y en tercer lugar, no se indica el alcance de la muestra y cómo se va a realizar. ¿Van a ser muchos contratos, van a ser pocos, quién va a controlarlo? Porque estas auditorías se realizarán en muchos casos por los mismos Interventores Delegados que han dado su conformidad a los contratos menores que previamente ha fiscalizado. ¿Es que piensa el Gobierno que el Interventor se va a enmendar a sí mismo con ocasión de este control posterior?”.
Teresa Alonso afirmó también que “el uso de los contratos menores ha sido abusivo y además no se han tramitado como exige la ley: en muchos casos, el Consejero u otro funcionario por delegación, autoriza y dispone el gasto una vez ejecutada la prestación (el objeto del contrato) y esto es un grave error que ha llevado a la trampa en muchos casos, porque la normativa vigente efectivamente permite efectuar una tramitación abreviada, pero lo que estaba pasando es que no se desarrollaba esta tramitación de manera correcta, ya que sistemáticamente no se elaboraba un expediente administrativo previo, una propuesta de gasto, donde se justifique la necesidad y se retenga el crédito para asignar: directamente se comprometía el gasto a posteriori, antes de que se ejecute la prestación, práctica habitual y reticente en los contratos menores, y en aquellos que fraccionados por motivos de ‘urgencia’ se convertían en menores saltándose controles y requisitos de publicidad, evitando la licitación y por lo tanto la concurrencia, por lo que los precios no eran depurados”.
“Hasta el año 2002 –añadió– se hacía un control previo de estos contratos menores y fue con el primer Gobierno del Presidente Areces cuando esta fiscalización comenzó hacerse a posteriori, y exclusivamente sobre la fase de reconocimiento de la obligación una vez ejecutado el contrato menor, justificándose una vez más en ‘la agilidad de los procedimientos y simplificación en su desenvolvimiento’, que fue la espita para que se eliminara completamente este control, lo que se institucionalizó ya en forma de Decreto en el segundo Gobierno del Sr. Areces, que dejó exentos de fiscalización previa estos contratos con el Decreto 70/2004 de 10 de septiembre. Y hecha la Ley, hecha la trampa. Perfecto coladero para gestores despiadados y depredadores de lo público: los contratos menores son un método de gastar sin ningún control interno por parte de la Administración”.
“En resumen –concluyó la diputada de FORO–, este plan responde sólo a una necesidad de dar salida a un problema generado por el descontrol socialista en legislaturas anteriores, y no a una decidida voluntad del actual Gobierno de atar en corto y controlar el desaguisado de la contratación menor, intentando ponerse la medalla delante de los ciudadanos. Pero éstos son perfectos conocedores de que previamente FORO había presentado una Proposición no de Ley donde propone: en primer lugar, incluir en los planes anuales de control financiero permanente y planes anuales de auditorías periódicas estos contratos menores para verificar la posible existencia de fraccionamientos en la contratación y que se incluyan por Consejerías los propios y los tramitados por cada una de las entidades del sector público regional de que cada una de ellas dependa; en segundo lugar, la creación de un registro público de contratos menores en el que se incluyan por Consejerías todos los celebrados en cada ejercicio presupuestario y los tramitados por cada una de las entidades, sociedades y fundaciones integrantes del sector público regional que de ellas dependan y su publicación obligatoria en la página web del Principado de Asturias; y en tercer lugar, suprimir el artículo 18 del Decreto 70/2004 por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General del Principado de Asturias y que establece los supuestos de no sujeción a intervención previa, entre los cuales figuran actualmente los contratos menores”.
