El Gobierno, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, ha decidido congelar la parte regulada de la tarifa eléctrica, la única sobre la que tiene poder de decisión, en la revisión trimestral de tarifas que será efectiva a partir del 1 de julio. Esta parte regulada, los peajes de acceso, que financian costes como la distribución, el transporte o las primas a las energías renovables, además del déficit tarifario, tienen un peso de alrededor del 50% en la fórmula empleada para calcular la tarifa eléctrica de último recurso final.

El otro 50% en la fórmula de cálculo tiene en cuenta el precio de la energía. Este término se fija a través de una subasta en mercado realizada entre las comercializadoras de último recurso. La última subasta, celebrada el pasado 28 de junio, arrojó un incremento medio del componente energético del entorno del 3%, reflejando el incremento de en el mercado internacional del coste de los combustibles fósiles utilizados para generar electricidad.

Este aumento del componente energético provocará que la TUR eléctrica suba una media del 1,5% a partir del 1 de julio, aunque para la mayoría de los consumidores subirá un 1,37%.

Desde la liberalización del sector puesta en marcha el 1 de julio de 2009, existe sólo un tipo de tarifa regulada, la TUR,  que a su vez tiene dos modalidades, TUR con discriminación horaria y TUR sin discriminación horaria.

Tras aplicar la fórmula establecida en la normativa para determinar la tarifa, la TUR sin discriminación horaria subirá el 1,37 por ciento de media a partir del 1 de julio, mientras que la TUR con discriminación horaria subirá el 3,38 por ciento de media, dado el comportamiento de los precios de valle y punta en el mercado.

Los consumidores con una potencia contratada de 10KW o superior contratan sus tarifas en el mercado liberalizado, con lo que no perciben los cambios en la TUR, así como los que, pudiendo tener tarifa regulada, han optado por el mercado libre.

En 2009, el Gobierno puso en marcha el Bono Social, una medida por la que se congelan los precios de la TUR a determinados consumidores más vulnerables desde ese año hasta 2013.

Pueden acogerse al bono social los consumidores con una potencia contratada inferior a 3 KW en su primera vivienda, los pensionistas que perciban pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares que tengan todos sus miembros en situación de desempleo.

En la actualidad se benefician de esta figura 3 millones de hogares (unos 8 millones de personas), aunque se estima que tienen derecho a él unos 5 millones de hogares (unos 13 millones de personas)