El Imserso refleja un incremento del 1,35 por ciento de personas con prestación

• La consejera de Bienestar Social denuncia que el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local supone la destrucción de la organización y estructura de los servicios sociales

El Principado de Asturias es la comunidad autónoma que más usuarios incorporó al sistema de la dependencia el pasado mes de febrero, según la última estadística mensual del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que sitúa ese incremento en el 1,35%. El pasado 28 de febrero había 15.287 personas que recibían prestaciones en Asturias, lo que supone 204 más que a finales del mes de enero.

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha hecho públicos estos datos durante la inauguración de la jornada Ley de la Dependencia y sus recursos en Asturias en la que participan entidades públicas y privadas, sindicatos y empresarios, asociaciones y profesionales de este ámbito. El objetivo de esta iniciativa es abrir un foro de debate que permita analizar la situación actual de la Ley de Dependencia, su aplicación y su futuro.

Una de las medidas de la reforma introducida en la Ley de la dependencia por el Gobierno de España recoge la necesidad de revisar en 2013 todas las prestaciones concedidas hasta el momento. Precisamente, la consejera señaló que en la mayoría de las comunidades autónomas el comienzo de este proceso de revisión ha conllevado una “paralización en la aplicación de la ley”, y recordó que en Asturias se está haciendo y se compatibiliza con la entrada de nuevos beneficiarios. El Principado de Asturias tiene la tasa de reposición más alta, por delante de País Vasco, Extremadura y Cataluña, es decir, que entran más personas al sistema de las que salen.

Díaz subrayó que en el Principado se pretende mantener la compatibilidad de servicios, entre la ayuda a domicilio y la asistencia de centro de día, que también fue eliminada con las modificaciones introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley, “a través de la financiación del Plan Concertado de los servicios sociales básicos con los ayuntamientos”. El Estado ha reducido en torno a un 70% su financiación a este plan en los últimos dos años, según denunció la titular de Bienestar Social.

Con respecto al anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la consejera señaló que “da un vuelco total a las bases que regulan el funcionamiento de los ayuntamientos en España y, en relación con los servicios sociales, supone la destrucción de la organización y estructura del nivel de atención primaria que tan buenos resultados ha dado en los municipios”.

La consejera censuró el objetivo del Gobierno de trasladar “sin dotación económica” a las comunidades autónomas la competencia exclusiva de servicios sociales que ahora dependen de la administración local.