Sevilla de Oro (Azuay).- El Defensor del Pueblo, Ramiro Ribadeneira,  informó que se ha potenciado los recursos financieros y humanos brindando asesoría a los migrantes ecuatorianos que viven en España y tienen problemas con sus viviendas.  El anuncio lo hizo durante el Enlace Ciudadano que se cumplió en el cantón azuayo de Sevilla de Oro.

El Defensor del Pueblo sostuvo que a través de la contratación de abogados se pudo atender algunos casos de personas que se encontraban desempleados y fueron despojados de sus casas por las entidades bancarias.

Una vez que la Defensoría  del Pueblo acudió a los tribunales de España y no tuvo oído, se juntaron  esfuerzos con la Secretaría Nacional del Migrante y el Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar los reclamos en el Tribunal Europeo de Justicia y Derechos Humanos.

Esta semana se conoció la noticia de que ese organismo  acogió los argumentos presentados por el Gobierno ecuatoriano para proteger a sus compatriotas del abuso de los banqueros.  El Tribunal señaló que la normativa española que regula las ejecuciones hipotecarias es contraria a la legislación comunitaria de protección de los consumidores.

Los emigrantes y españoles afectados por la crisis no podían presentar reclamos por los abusos legales de las entidades bancarias. Es decir, estaban atados de manos sin poder defender en los juicios, porque las leyes españolas favorecían a los bancos. No obstante, el fallo del Tribunal de Justicia abre una puerta para los jueces puedan frenar los desahucios  cuando la demanda del banco no esté justificada.

El Presidente Rafael Correa dijo que quitar la vivienda a una persona y que esa persona no pueda defenderse es un atentado contra los derechos humanos e invitó al Defensor del Pueblo a potenciar las gestiones de esta entidad. SAU/El Ciudadano