El Real Decreto-Ley aprobado hoy eleva la edad de jubilación anticipada voluntaria progresivamente de los 63 años actuales a los 65 en 2017, y la de la jubilación involuntaria anticipada pasará de 61 años a 63
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo y evitar la discriminación por edad en el empleo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que, por primera vez, se adoptan conjuntamente medidas en el ámbito de la Seguridad Social, y en las políticas de empleo "para favorecer la transición entre la vida activa y la jubilación".
Los sistemas de pensiones de determinados países, según ha explicado Sáenz de Santamaría, se enfrentan a importantes desafíos como consecuencia de los fenómenos demográficos. Las bajas tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida exigen, ha dicho, "que adaptemos nuestra legislación para asegurar la viabilidad y mantener un sistema de pensiones con una cobertura como la nuestra".
El texto sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo que invitaban a adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral.
En este sentido, la vicepresidenta ha adelantado que el Real Decreto-ley introduce novedades en lo que respecta a la jubilación anticipada y parcial; compatibilidad entre trabajo y pensión, y lucha contra la discriminación por razón de edad en el empleo.
Las pensiones están garantizadas
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el sistema de Seguridad Social tiene unos "cimientos sólidos" y garantiza adecuadamente el pago de las pensiones, pero tiene que reformarse para tener mayor sostenibilidad a largo plazo.
Báñez ha indicado que el gasto en pensiones es el 10% del PIB y está por debajo de la medida de la Unión Europea pero, debido a factores demográficos, se podría incrementar en 3,6 puntos de ahora al año 2060, por lo que hay que hacer reformas en el seno del Pacto de Toledo.
Tras repasar las reformas adoptadas en los años 2011 y 2012, la ministra ha resaltado que en 2013 se pone en marcha la separación definitiva de las fuentes de financiación del sistema seguridad social. Así, las cotizaciones sociales pagarán a partir de este año sólo las pensiones contributivas, el resto pasarán a pagarse vía impuestos en los Presupuestos Generales del Estado.
Esto supone, según Báñez, "un ahorro sin precedentes de 5.000 millones de euros cada año y una aportación en este primer año de separación definitiva e histórica de 15.000 millones de euros".
Edad real y edad legal
Fátima Báñez ha manifestado que el objetivo del Gobierno es "aproximar la edad real de jubilación a la edad legal, hacer que la jubilación anticipada se reserve para los trabajadores con largas carreras de cotización e introducir mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y la vida pasiva, es decir entre la pensión y el salario".
La ministra ha señalado que uno de cada dos trabajadores accede a la jubilación antes de alcanzar la edad legal, lo que supone un coste para la Seguridad Social de 7.000 millones de euros al año.
El Real Decreto-Ley aprobado hoy eleva la edad de jubilación anticipada voluntaria progresivamente de los 63 años actuales a los 65 en 2017, y la de la jubilación involuntaria anticipada pasará de 61 años a 63 en el mismo año. Se fija un periodo mínimo de cotización de 35 años en el caso de la voluntaria y de 33 en el de la forzosa.
Respecto a la jubilación parcial, Báñez ha explicado que tiene un coste para el sistema de 2.690 millones de euros al año. Por ello considera que debe reconducirse a los objetivos para los que se creó: facilitar la transmisión intergeneracional de conocimiento. Para ello se limita al 50% la reducción máxima de la jornada con carácter general y se elevará el periodo mínimo de cotización del trabajador hasta los 33 años.
La novedad más importante que introduce el texto, según la ministra, es la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión. Así se abre la posibilidad de trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50% de la pensión, siempre y cuando se haya alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora.
Por otra parte, para evitar la discriminación de edad, el Real Decreto-Ley, establece medidas para desincentivar los despidos colectivos de mayores de 50 años.
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