Por Miguel Ángel Soto*.-Hace apenas un mes denunciamos en este mismo blog que el patrimonio forestal público estaba en peligro. Al Gobierno de Castilla-La Mancha no se les ha ocurrido otra forma de resolver el déficit público vendiendo el patrimonio forestal de todos.

Este plan ha hecho saltar todas las alarmas, generando una respuesta en forma de manifiesto en defensa de estos montes que está siendo apoyado por numerosas organizaciones de la sociedad civil, desde los ámbitos universitarios hasta el sector empresarial. Habría que agradecer a la Sr. Cospedal el hecho de que su idea ha generado un movimiento ciudadano que ha aunado al sector forestal con el ecologismo, juntos en defensa de los montes de utilidad pública.

Aunque es en Castilla-La Mancha donde se ha empezado a hablar de la venta de montes públicos, en la Comunidad Valenciana proponen el “alquiler” por 20 años de este patrimonio y en la Comunidad de Madrid de convertir montes de utilidad pública en campos de golf. Todo suena a lo mismo, privatización. Hoy son los montes, quizás mañana se les ocurra vender algún yacimiento arqueológico y pasado alguna ermita u otra obra de arte ¿no forman estos monumentos, sean naturales o artísticos, una herencia recibida que deberíamos conservar y proteger para las generaciones futuras?

¿Pero qué diantre es eso de los Montes de Utilidad Pública? Los montes catalogados “de Utilidad Pública”, tengan más o menos superficie forestal arbolada, son montes de titularidad pública que han sido declarados como tales por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar, preferentemente, funciones de carácter protector, social o ambiental. Estos montes y el resto de montes de titularidad pública cumplen funciones sociales, mejorando la calidad de vida, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente general, y a la mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas el medio rural.

El origen del actual Catálogo de Montes de Utilidad Pública es el resultado del trabajo de la primera generación de Ingenieros de Montes en España en defensa de la superficie forestal arbolada previa al proceso desamortizador de la segunda mitad del siglo XIX, en especial la Ley de Desamortización General de Pascual Madoz de 1855. Durante este proceso, la ley exceptuó de la enajenación y subasta pública "los montes y los bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno". Gracias a esta excepción muchas de las masas forestales que componen el actual paisaje forestal de nuestro territorio se salvaron de un futuro incierto.

No es sólo una cuestión de mantener bonitos paisajes y la fauna y flora que albergan estos montes. No es sólo una cuestión de biodiversidad. Los montes de utilidad pública son la columna vertebral del mantenimiento de algunos servicios básicos que nos ofrecen los bosques, fundamentales para el resto de actividades económicas: regulación del ciclo hidrológico, conservación de suelos y lucha contra la erosión, fijación y almacenamiento de carbono, etc. Además, estos montes tienen una función social importante en términos de empleo, siendo vitales en el entramado socio-económico de algunas regiones forestales españolas.

Esta semana que termina ha llegado a nuestras manos el texto del proyecto de Ley de Montes que el Ministro Cañete quiere presentar al Congreso de Diputados en próximas semanas. Mientras miramos con lupa el texto, el sector forestal y los ecologistas ya nos hemos puesto de acuerdo de una de las líneas rojas: los montes de utilidad pública no se venden.

*Miguel Ángel Soto, responsable de Bosques de Greenpeace @NanquiSoto