Ecologistas en Acción se ha sumado a la querella criminal contra dos extesoreros del Partido Popular, algunos de los dirigentes de la formación y varios responsables o ex responsables de grandes constructoras. La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los “papeles de Bárcenas” presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública.

Texto de la Querella Bárcenas PP

Es posible que alguien se pregunte qué hace una organización ecologista en una querella como ésta. Ecologistas en Acción lleva años alertando sobre la insostenible y destructora política de infraestructuras que se ha venido desarrollando durante las últimas décadas en España. Ahora, la simple comparación de los supuestos apuntes contables del extesorero del PP con las licitaciones de grandes infraestructuras permite hacerse una idea de los motivos que han llevado a unas inversiones tan alejadas de las necesidades de la mayor parte de la población.

La justificación de estas grandes obras ha sido siempre la misma: las infraestructuras de transporte promueven el desarrollo económico y crean empleo. Sin embargo, el Estado español es récord en todo tipo de infraestructuras de transporte –tenemos más kilómetros de autovías y autopistas, o de kilómetros de alta velocidad ferroviaria, o de aeropuertos deficitarios que ningún otro vecino europeo– y a pesar de esta sobredotación, también somos récord en problemas económicos y en desempleo. Las cosas no funcionan como nos cuentan.

Entonces, ¿cuáles son los verdaderos motivos para llevar a cabo estas obras? Un repaso a algunas de las señaladas en la querella puede dar pistas para entender cómo se financian inversiones ruinosas para el erario público y muy destructivas para el territorio y el medio ambiente.

Autopista de peaje Madrid-Toledo

Madrid tiene nada menos que 13 autopistas radiales. Cinco son de peaje y están en una situación ruinosa, recibiendo créditos participativos y compensaciones del Estado para que no quiebren, puesto que si esto ocurre el Estado tendría que hacerse cargo de las deudas con los bancos.

Una de ellas es la AP-41, Madrid-Toledo. Se trata de una autopista que tiene el 11% del tráfico previsto. Costó 440 millones de euros. La concesionaria, a la que pertenece el grupo Sando –cuyo presidente José Luis Sánchez es uno de los querellados– ha demandado a Fomento y el Tribunal Supremo le ha dado la razón, por lo que el Estado deberá compensar a la concesionaria, que reclama 320 millones, por incumplimiento contractual: alegaban que la obra iba a llegar hasta Córdoba y el hecho de que concluya en Toledo les ha hecho perder rentabilidad. Un despropósito de gestión y un despilfarro de fondos públicos.

Metro ligero de Madrid

Otra inversión ruinosa. La construcción de Metro Ligero Oeste de Madrid costó 585 millones de euros. OHL, empresa de la que es expresidente otro querellado, Juan Miguel Villar Mir, tiene el 51% de la concesionaria. La explotación sigue un sistema equiparable al peaje en la sombra, de tal modo que la Comunidad de Madrid paga unos 5 euros por pasajero que se monta en el metro ligero. El coste real de cada pasajero en el resto de la red de metro es de 1,7 euros, lo que da idea de lo onerosa que resulta esta concesión para las arcas públicas. Además, si la demanda de viajeros queda por debajo del 68% de la prevista en el contrato, la Comunidad de Madrid también debe compensar a la concesionaria. Un negocio redondo.

AVE

Muchas de las empresas referenciadas en la querella (Hispánica, Aldesa…) han obtenido sustanciosos contratos de construcción de líneas AVE. Frente a toda la dialéctica y publicidad del Ministerio de Fomento y los grupos constructores, lo cierto es que la mayor parte de estas obras no se justifican desde el punto de vista económico (ni que hablar del ambiental o social). La propia Comisión Europea estableció que solo son justificables estas inversiones tan desmesuradas (unos 30 millones de euros por kilómetro de línea) con “una demanda mínima de 9 millones de pasajeros” [1]. Ni siquiera la Madrid-Barcelona llega a esas cifras.

En la actualidad, por ejemplo, Fomento prevé gastar 8.500 millones de euros el llevar el AVE a Galicia cuando un estudio encargado por el propio ministerio concluye que no hay demanda más que para tres trenes diarios por sentido. Y estas inversiones se acomenten al mismo tiempo que se aplican unos draconianos recortes en partidas básicas para el bienestar de la ciudadanía.

La deuda actual del grupo Fomento –el ministerio y las empresas públicas como Adif o Aena– supera 40.000 millones de euros. Ecologistas en Acción considera que la mayor parte de las inversiones para las que se ha contraído esta inmensa deuda no tienen justificación desde el punto de vista del transporte ni del interés social, pero sí de los turbios intereses que se pretenden desvelar con esta querella.