Las relaciones homosexuales son todavía consideradas ilegales en 76 países
Amnistía Internacional se une un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales). En esta ocasión, la organización quiere alertar sobre el acoso que sufren los defensores y las defensoras de derechos humanos que luchan por conseguir la efectiva igualdad de las personas LGBTI en países como Honduras, Sudáfrica o Camerún.
Pocas actitudes son consideradas, según en qué país, de maneras tan dispares como la orientación sexual y la identidad de género. Mientras que en algunos lugares se han producido avances, como la aprobación del matrimonio homosexual en Argentina o Brasil, en otros las relaciones homosexuales pueden llegar a suponer la pena de muerte. Entre ambas situaciones encontramos un panorama muy desigual en el que existe un gran abanico de legislaciones que reconocen o limitan los derechos del colectivo LGBTI en cada Estado.
El pasado 17 de junio, Naciones Unidas aprobó una resolución haciendo un llamamiento a la tolerancia cero hacia las violaciones de derechos humanos a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Sin embargo, los actos homosexuales son aún considerados ilegales en 76 países, donde son castigados con prisión o castigo físico. Además, en cinco Estados (Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Sudán y Yemen) y en regiones de otros dos (Nigeria y Somalia) se castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte.
En países como Rusia y Moldavia, hasta la fecha no ha sido posible celebrar un evento de Orgullo en apoyo de los derechos de las personas LGBTI, ya que las autoridades no han permitido la celebración de marchas o la amenaza de violencia física hacia las personas participantes ha sido tan grave que no se han arriesgado a celebrarla. En otros países como Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y Serbia estas marchas han tenido lugar bajo poca protección policial, intimidaciones y violencia física.
Pese a los avances, “la verdadera igualdad está aún muy lejos de conseguirse. No es razonable que todavía haya millones de personas que son amenezadas, agredidas e incluso asesinadas por su orientación sexual o identidad de género”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional. “Además, quienes no se callan y exigen que se respeten sus derechos corren aun más riesgo de ser amenazados y de sufrir atentados contra su dignidad e intregridad física”, ha añadido.
En este contexto, Amnistía Internacional lanza una ciberacción a través de la web www.actuaconamnistia.org para pedir al Gobierno hondureño que garantice la protección del colectivo LGBTI y que inicie investigaciones independientes y exhaustivas de los homicidios, agresiones y amenazas producidas hacia ese grupo de personas.
Honduras: falta protección hacia los defensores
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos sienten gran preocupación por la situación a la que se enfrentan activistas y miembros de la comunidad LGBTI en Honduras. Los ataques rara vez se investigan a fondo, y no hay suficiente protección para quienes se atreven a denunciar estos delitos.
Walter Trochez, activista en defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, fue asesinado en diciembre de 2009 en Tegucigalpa. Nueve días antes había escapado tras ser secuestrado por varios enmascarados que le exigieron los nombres y direcciones de miembros del movimiento de oposición al golpe de Estado de junio de 2009. Recientemente, otros activistas como Alex David Sánchez Álvarez se han visto amenazados repetidas veces.
Tras el golpe de estado de junio de 2009 se ha producido un fuerte aumento del número de homicidios de mujeres transgénero. En 2010, las ONG hondureñas documentaron los asesinatos de al menos 11 miembros del colectivo LGBT. Tan sólo desde el 7 de enero de 2011, tres personas pertenecientes a la comunidad LGBT han sido asesinadas.
África: los casos de Sudáfrica y Camerún
El Código Penal camerunés tipifica como delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Camerún se niega a reconocer y defender los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y personas transgénero. Las detenciones, los procesamientos y los juicios de gays continuaron regularmente en 2010.
Un ejemplo claro de esto es Jean-Claude Roger Mbede, que ha sido condenado a 36 meses de prisión por homosexualidad, Está cumpliendo condena en la prisión central de Kondengui, en Yaundé, la capital del país. Corre el riesgo de sufrir agresiones físicas y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante a causa de su orientación sexual, real o percibida. Además, las condiciones de reclusión en esta prisión son duras: los reclusos están hacinados, el saneamiento deja mucho que desear y la alimentación es insuficiente.
Por otra parte, Sudáfrica es el único país africano donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Sin embargo, el colectivo LGTBI aún continúa sufriendo elevados niveles de violencia.
Organizaciones de derechos humanos han documentado recientemente un aumento de las denominadas “violaciones correctivas”, así como del número de asesinatos de lesbianas. También los hombres homosexuales y transgénero se enfrentan a niveles alarmantes de violencia física y sexual, sin que las autoridades respondan de forma adecuada.
Hace tres años, Eudy Simelane fue sometida a una violación en grupo y apuñalada 25 veces antes de morir. En abril de 2011, la policía informó sobre la brutal violación y asesinato de Noxolo Nogwaza, lesbiana y activista de derechos humanos. Meses después, en junio, otra lesbiana fue apuñalada cuando volvía a casa con su novia.
Amnistía Internacional en las marchas del Orgullo LGBTI
Un año más, la sección española de Amnistía Internacional se suma a la movilización del próximo sábado 2 de julio, en conmemoración del Día del Orgullo LGBTI en Madrid a favor de los derechos humanos y libertades de las personas homosexuales, bisexuales y transgénero.
La marcha este año recoge, entre otros temas, la preocupación ante el posible retroceso en España de los derechos del colectivo LGBTI si el recurso a la Ley de Matrimonio Homosexual sigue adelante y el Tribunal Constitucional la declara, en su totalidad o en parte, anticonstitucional.
Amnistía Internacional recuerda que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es un tema en el que se ponen en juego cuestiones fundamentales de derechos humanos. Negar a las parejas del mismo sexo reconocimiento civil en pie de igualdad impide a muchas personas el disfrute de un amplio rango de otros derechos, y estigmatiza tales relaciones en forma tal que alimenta la discriminación y otros abusos en contra de los derechos humanos del colectivo LGBTI.
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