Esther Díaz prevé que para finales de año se cumplirá el plazo que marca la ley
- Para conseguirlo se reforzará la plantilla hasta casi duplicarla y se pondrá en marcha un programa informático que facilite su gestión
Asturias.-La Consejería de Bienestar Social y Vivienda ampliará la plantilla encargada de tramitar el salario social básico hasta casi duplicar la existente, además de agilizar la creación del programa informática que facilitará su gestión con el fin de cumplir el plazo de tres meses que marca la ley para dar respuesta a las solicitudes. Éstas son algunas de las medidas previstas por el Gobierno y que ha anunciado hoy la consejera de Bienestar, Esther Díaz, en la Junta General del Principado, con las que se pretende reducir al máximo el procedimiento actual.
En su intervención en la Cámara, Díaz explicó que para desarrollar una ley, y que ésta sea efectiva, es necesario dotarla de presupuesto, recursos humanos y recursos técnicos. En este sentido, la consejera subrayó que desde el Gobierno del Principado de Asturias se ha hecho un esfuerzo para destinar 45 millones de euros al salario social en 2013, siendo “la dotación más alta que jamás tuvo esta prestación”. Y añadió que “es la primera vez que se presupuesta de acuerdo con la ejecución real del ejercicio anterior, y por otro lado, se responde a una pretensión como es que el propio presupuesto contemple la partida como ampliable”.
Por otro lado, también explicó las actuaciones realizadas en cuanto a los medios técnicos que son un soporte necesario para mejorar los tiempos de tramitación. Así, recordó que uno de los primeros trabajos fue iniciar el proceso para disponer de una herramienta informática. En estos momentos, una vez que los pliegos de condiciones técnicas y los pliegos de condiciones administrativas han sido informados por los Servicios Jurídicos del Principado, se va a proceder a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), “a la mayor brevedad posible”, por lo que la consejera de Bienestar Social manifestó que la previsión es que antes de que finalice el mes de abril haya terminado el proceso de licitación y el servicio se encuentre adjudicado y formalizado el contrato.
En este sentido, aclaró que dado que se trata de una aplicación informática de cierta complejidad técnica, y que una vez entregada será necesario verificar su funcionamiento y dar formación al personal en su manejo, no estará plenamente operativa hasta comienzos de 2014.
Otras de las necesidades detectadas en el servicio fue la de reforzar la sección con más personal. Así, ya se han llevado acabo varias reorganizaciones, una primera que afectó a la dirección general, después se realizó otra a nivel de la consejería y ahora Esther Díaz anunció que a lo largo del mes de marzo se incorporarán a salario social nueve trabajadores más de otras Consejerías.
En cuanto a los movimientos de personal, otra medida es la que afecta a los educadores que actualmente prestan sus servicios en los Equipos Territoriales de Áreas. A día de hoy, se está procediendo a tramitar la atribución temporal de funciones, para que estas personas se puedan incorporar al servicio y resolver expedientes, siendo cuestión de días la incorporación progresiva de estos trabajadores al servicio.
En su intervención, la consejera de Bienestar Social ratificó que el compromiso del Gobierno con esta prestación puesto que “sus beneficiarios son directamente familias, que en la mayoría de los casos han quedado en una situación de vulnerabilidad y afrontan dificultades económicas, ocasionadas en su mayor parte por una crisis, que les ha hecho perder su empleo, y que se está prolongando más allá de lo debido en el tiempo, impidiéndoles incorporarse de nuevo al mercado laboral”.
Esther Díaz se mostró convencida que todas estas medidas “pronto dará sus frutos” y reiteró que el objetivo es eliminar la lista de espera y reducir al máximo el tiempo de tramitación, para cumplir con el plazo de resolución que marca la ley, que es de tres meses. La titular de Bienestar Social mostró su confianza en alcanzar ese objetivo a finales del presente año, “lógicamente esto es una previsión en unas condiciones determinadas y siempre y cuando no se produzcan alteraciones ajenas a nuestra planificación, como puede ser el aumento de solicitudes motivadas por factores como el recrudecimiento de la crisis o por la eliminación de otros programas o ayudas existentes en estos momentos”.
