Hace una semana fue detenido el ex médico de la Bonaerense Jorge Vidal, acusado en la misma causa que su colega Jorge Bergés. Todavía quedan 21 prófugos por los que en total se ofrecen $ 2.200.000 a quienes aporten datos que permitan dar con ellos. La identidad de los denunciantes será protegida.

Tras la detención que hizo Prefectura Naval el pasado viernes 18 del ex médico de policía bonaerense Jorge Vidal, en el marco de una causa por privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en la que también está involucrado su colega Jorge Bergés; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contabiliza que todavía quedan 21 prófugos acusados de delitos de lesa humanidad, por los que el Estado ofrece una recompensa global de $ 2.200.000.

Según explicó el titular de la cartera, Julio Alak, “la detención de Vidal es parte del programa de búsqueda de personas requeridas por la Justicia; y se trata de un nuevo paso que damos a partir de la derogación de las leyes de impunidad en pos de la verdad”.

“Esto es un avance más del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que el gobierno nacional viene impulsando desde el 25 de mayo de 2003”, subrayó Alak.

Se informó en tal sentido que ahora son 21 los prófugos acusados de cometer delitos de lesa humanidad que son buscados por el Gobierno a través del sistema de recompensas establecido por la ley Nº 26.375, que permite el pago de retribuciones económicas a quienes aporten datos fehacientes para dar con los buscados.

En total, actualmente, el Estado nacional ofrece 2.200.000 pesos en recompensas.

Jorge Vidal, quien fuera médico forense de la policía bonaerense y que pasó a retiro sin ser dado de baja, estuvo implicado en apropiación de menores, asistió nacimientos de bebés de personas detenidas - desaparecidas en el denominado Pozo de Banfield y en la Brigada de San Justo; y estaba en libertad merced a la Ley de Obediencia Debida.

La “Unidad Especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia” se creó en mayo de 2008 a partir de la promulgación de la Ley 26.375 por parte de la presidenta Cristina Fernández.

Allí se impulsó un Fondo de Recompensas, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero por haber sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesario, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad.

Desde el Ministerio de Justicia se aclaró que la identidad de la persona que suministre la información ante la Unidad Especial es mantenida en secreto, aún para los agentes que intervengan en la ejecución de la captura, bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones administrativas sumariales correspondientes.

Tanto las los miembros de las Fuerzas de Seguridad como de las Fuerzas Armadas pueden ser denunciantes.

Actualmente, entre las personas buscadas se encuentra Eduardo Salvador Ullua, imputado por la justicia federal de Mar del Plata por el delito de homicidio calificado.

Ullua, por quien se ofrece una recompensa de 200 mil pesos, está sindicado como ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria.

También son buscados por la Justicia Miguel Ángel Amigo, Ricardo Luis Von Kyaw, Teodoro Aníbal Gauto por su presunta participación en la causa “Arias Duval, Alejandro; Di Pasquale, Jorge; Romero Pavón, Carlos y otros, sobre homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores “.

Otros prófugos son el comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato, por la desaparición forzada de Fausto Carrillo en Formosa; la civil Ana María Grimaldos por la presunta supresión de estado civil, sustracción de menores de 10 años y otros delitos en la causa I Cuerpo del Ejército; el ex miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense Faustino Sergio Escande Lobos, acusado por sustracción de menores; y Ricardo Molina, señalado en la causa por el V Cuerpo del Ejército.

En las causas por los delitos cometidos en la ex ESMA (entre ellos la desaparición del periodista Rodolfo Walsh) aún permanecen prófugos y son buscados por la unidad especial del Ministerio los ex integrantes de la Armada, Francisco Armando Di Paola y Jorge Raúl Vildoza; los ex policías Roberto Oscar González, Juan Carlos Linares y Pedro Osvaldo, y el ex prefecto Gonzalo Sánchez.