El anteproyecto de la Ley de Bases de Régimen Local aprobado por el Gobierno de Rajoy "no gusta" a los socialistas asturianos, que "vamos a combatir una ley que es una vergüenza porque busca que haya ayuntamientos y ciudadanos de primera y de segunda". La secretaria de Política Municipal de la FSA-PSOE critica que el Gobierno del PP haya aprobado en Consejo de Ministros una reforma "de la que nadie conoce el documento, por lo que una ley de este calado se haya aprobado de manera oscurantista genera alarmas".

A la espera de que se haga público el anteproyecto, Adriana Lastra denuncia que la verdadera gravedad de la reforma es que "es una trampa que, sobre todo en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, intenta encubrir la privatización de los servicios público municipales".

Lastra explica que "estos grandes titulares y operación de marketing político del Gobierno de Rajoy" ocultan una reforma que fija una estándares de calidad de los servicios públicos municipales, que nos imaginamos que serán muy difíciles de cumplir y, por tanto, se enviarán a las Diputaciones Provinciales, que serán las que presten ese servicio de forma directa o indirecta, privatizando los servicios". Unos servicios que, en el caso de Asturias, prestaría el Gobierno regional, pero "el problema vendría si algún día no gobierna el PSOE en Asturias, porque esos servicios se privatizarían, pero los socialistas no estamos dispuestos a que ni en Asturias ni en España se privaticen los servicios públicos municipales".

Lastra, asimismo, denuncia "la falacia" del anuncio de que no cobrarán el 80% de los ediles, "cuando en Asturias ya no lo hace el 85% de los concejales", una decisión que "dejará a los ayuntamientos medio abandonados" y que supone "un ataque frontal al municipalismo" porque "propicia que sólo jubilados, ricos o gente con tiempo libre puede dedicarse a la política municipal".

En este sentido, la secretaria de Política Municipal minimiza el impacto económico de los sueldos de los alcaldes que, en el caso de los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, "la gran mayoría son mileuristas" y del coste de los ediles liberados "que son dos o tres en ayuntamientos de más 5000 habitantes" (48 en Asturias) por lo que "no hay un ahorro neto importante" en la reforma.

También el presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Antonio de Luis Solar, cuestiona que la reforma suponga un ahorro de 7.000 millones de euros. Sin embargo, el anteproyecto de la ley, según Solar, "lo que si hace es demonizar y condenar a los ayuntamientos pequeños en Asturias, los rurales, que no los culpables de duplicidades ni de desfases económicos o gastos superfluos". El presidente de la FACC muestra su "disconformidad" con una ley que considera "equivocada e injusta".