Madrid.-El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que supondrá un ahorro estimado de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que los objetivos de esta Ley son clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, fijar qué competencias presta cada administración, cómo las presta y con qué dinero.
La norma racionaliza la estructura de la administración local buscando el equilibrio financiero, la eficiencia en el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo. Sáenz de Santamaría ha apuntado que la norma también establece un sistema de evaluación y seguimiento para garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la reforma de la administración local es una de las más ambiciosas realizada en España en términos de reorganización de las competencias propias del Estado de las autonomías.
"Estamos ante una reforma racionalizadora y ahorradora del gasto público que va a ayudar a que España vuelva a crecer sobre la base de la estabilidad del conjunto de sus administraciones públicas dando garantía a todos los ciudadanos del uso óptimo de los recursos que están pagando a través de sus impuestos", ha dicho.
Una administración, una competencia
Cristóbal Montoro ha afirmado que la norma supone un gran avance para que "cada administración se ocupe exclusivamente de una competencia". La no reiteración de cometidos supondrá un ahorro y una mejora de la eficiencia del servicio público.
La reforma, a juicio del ministro, supone "un avance en el municipalismo" y no implica reducir las competencias de los entes locales.
El Anteproyecto fija un coste estándar para cada servicio público. En el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes que no lleguen a la cobertura exigida, la gestión estos servicios se trasladará a las diputaciones provinciales. "La diputación será un gran gestor de servicios públicos para los municipios de menor tamaño, que son la mayoría", ha aclarado Montoro.
El ministro ha explicado que "queda prohibido crear nuevas empresas públicas, las existentes tendrán que sanearse o disolverse y se suprimen las que dependen de otras entidades". Además, ha señalado que se fortalece el papel de los interventores locales para dotarles de mayor imparcialidad y garantizar el control financiero y presupuestario más riguroso".
Las mancomunidades y entidades locales menores deberán presentar sus cuentas en tres meses, si no desaparecerán. "No podemos admitir que se estén gestionando recursos públicos sin rendir cuentas", ha subrayado Montoro.
El 82% de los concejales no cobrará
El titular de Administraciones Públicas también ha resaltado que se limitará el número de concejales con dedicación exclusiva. De los 68.285 existentes en España, tendrán dedicación exclusiva 12.188, lo que significa que "el 82% de los concejales desarrollarán su actividad política sin cobrar".
Además, en función de la población de los municipios, se reducirá el número de asesores y los Presupuestos Generales del Estado fijarán los límites máximos de las retribuciones de los cargos electos, los empleados públicos y los directivos del sector público local.
Montoro ha explicado que los alcaldes no podrán cobrar más que un secretario de Estado y su salario dependerá del número de habitantes de su población. Los alcaldes de las localidades de menos de 1.000 habitantes no tendrán retribución.
Respecto a los salarios de los empleados públicos se establecerán baremos para que no haya tantas diferencias entre los funcionarios de las distintas administraciones.
